Un juez de garantías de la provincia de Los Santos imputó cargos por peculado y ordenó la detención provisional del exrepresentante de corregimiento de El Carate de Las Tablas dentro de la investigación seguida otros 69 expresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes por el manejo irregular de fondos de la descentralización.
Durante una audiencia celebrada, ayer viernes, en el Sistema Penal Acusatorio del Cuarto Distrito Judicial (Los Santos y Herrera), el juez Bosco Monterrey acogió la imputación de cargos presentada por la fiscal anticorrupción Jhoana Osorio por los delitos de peculado y sustracción de documentos públicos y también accedió a decretar la detención preventiva del exfuncionario.
Según la investigación de fiscalía entre los años 2019-2024 a la Junta Comunal de El Carate de Las Tablas se le asignaron un total de $145 mil para ejecución de obras a través del Programa de Interés Social de la descentralización.
#Detención| El exrepresentante de El Carate, en Los Santos, quedó detenido provisionalmente, por solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos de peculado doloso que causó una lesión patrimonial al Estado por B/454,184,30 y por sustracción de documentos. 👇 pic.twitter.com/7trDrpulLX
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 5, 2025
El pasado 26 de agosto la Dirección de Investigación Judicial y la fiscalía arrestaron a ocho exrepresentantes de corregimiento y extesoreros dentro de esta investigación, pero no pudieron ubicar al exrepresentante de El Carate de Las Tablas, por lo que debieron realizar nuevas diligencias.
A la fecha las autoridades han imputados cargos y aplicado medidas cautelares a un total 21 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros investigados en esta causa.
Un informe del Ministerio Público detalla que la fiscalía aún tiene por ubicar a unos 49 exrepresentantes de corregimiento y extesoreros que deben ser aprehendidos y llevados ante un juez de garantías para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.
El pasado 20 de julio la Fiscalía Anticorrupción envió a la DIJ un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República arrojó irregularidades en el manejo de los fondos del Programa de Interés Social de la descentralización.
La Contraloría ha realizado varias auditorías a los programas desarrollados a través de la descentralización, que a la fecha han arrojado una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.
La evidencia recogida hasta ahora por la Contraloría y el Ministerio Público reflejan fluctuaciones en el manejo de los fondos de la descentralización dependiendo de la ubicación de las juntas comunales. En algunas juntas comunales se han detectado irregularidades que van de los $300 mil a los $800 mil.
