La jueza de garantías Julieth Ubillus concedió una prórroga de cinco meses a la Fiscalía de Drogas para que concluya la investigación a 38 personas por presunto blanqueo de capitales dentro de la denominada operación Jericó.
En una audiencia celebrada ayer miércoles en el Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial, ubicado en Plaza Ágora, la jueza Ubillus accedió a la petición formulada por la Fiscalía de Drogas de conceder una prórroga de la investigación.
La fiscalía se encuentra pendiente de la llegada de una asistencia judicial a Colombia con detalles de la actividad de la red criminal desmantelada en la operación Jericó.
La asistencia judicial obedece a que en ese país fueron detenidos dos presuntos cabecillas de esa red criminal, entre ellos Jorge Néstor Sánchez, detenido en enero pasado en Medellín, Colombia. La fiscalía lo vincula al decomiso de 187 kilos de cocaína en la barriada Colonia del Golf, en San Miguelito. Aquí en Panamá Sánchez Rodríguez residía en un apartamento en el barrio de Greengarden, ubicado en el exclusivo barrio de Santa María.
Otra de las razones por las que la jueza Ubillus accedió a la petición hecha por la Fiscalía de Drogas fue el elevado número de imputados y la gran cantidad de diligencias judiciales que la fiscalía mantiene por realizar para establecer la vinculación de cada uno de los procesados.
La operación Jericó comenzó el 30 de junio de 2023, cuando el Ministerio Público descubrió la existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas. Este grupo introducía la droga por la selva del Darién, vía terrestre, utilizando mochileros, y por la comarca de Guna Yala, a través de lanchas artesanales.
El 15 de agosto de 2023 fue un día clave en esta historia, ya que se desmanteló el grupo. Ese día se realizaron 41 allanamientos que permitieron la captura de 28 personas. Uno de los lugares allanados fue la vivienda de Abraham Rico Pineda, ubicada en Albrook, corregimiento de Ancón, en la capital. Rico Pineda es hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda.
El diputado Pineda también es mencionado dentro de esta investigación, pero en su caso la investigación se encuentra a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público envió una serie de escuchas telefónicas y otras evidencias que presuntamente vinculan al diputado Pineda con esta red criminal.
