La jueza primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería, se acogió ayer martes al plazo legal de 30 días para decidir si llama a juicio o no al exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) Javier Tejeira y a otras dos personas por la presunta comisión del delito de peculado por un monto de $15.2 millones en la construcción de la Ciudad Deportiva de David.
En la audiencia preliminar del caso, la fiscal anticorrupción de descarga, Ada Almanza, pidió al juzgado enjuiciar a Tejeira, al exvicealcalde de Panamá Iván Arrocha y a Janet Vásquez.
Asimismo, sobreseer a Vernon Salazar, María Salaverry, Delio De León, Luis Javier Del Valle, Isabella Bruno Tolomei y María Pía Tolomei.
La fiscal destacó que en la pesquisa quedó acreditado que Tejeira no fiscalizó los avances de la obra, valorada en $44 millones. Además, que Arrocha y Vásquez se beneficiaron con dinero del anticipo desembolsado por el Estado para la ejecución de la obra.
La construcción fue adjudicada en 2013 al Consorcio Ciudad Deportiva de David, integrado por las sociedades Condotte Panamá, S.A., Condotte América Inc., Casa Quinta, S.A., Advances Surfaces México, S.A., y LJV Sport, S.A., de CV.
La investigación se inició a partir de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en enero de 2018 y que reveló que Pandeportes desembolsó al consorcio $8.6 millones de dólares en concepto de anticipo y $653 mil en certificados de no objeción por avances de la obra, para un total de $9.3 millones, pero la obra solo registró un avance del 4.43%.
Según la fiscal, Arrocha se benefició como accionista de Condotte Panamá S.A. y dueño de Construcciones Arp, que supuestamente hizo trabajos en la obra. Vásquez, en cambio, era la jefa de cobros de Condotte Panamá S.A.William Parodi, abogado de Vernon Salazar, dijo que su cliente estuvo detenido por trabajar en una firma que creó una sociedad anónima y que no tuvo participación en el proyecto.
Arturo González, abogado de María Salaberry, afirmó que a pesar de que la empresa de su cliente fue contratada para realizar trabajos finales en la obra, nunca recibió pago alguno y a ella se le vinculó al proceso.
Agregó que Condotte Panamá S.A. llevó al Estado ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá por haber cancelado unilateralmente el contrato. Dijo que el Estado perdió la demanda y el tribunal lo conminó a pagar $10 millones, pero aún así la fiscalía sigue con el proceso.
