En una audiencia de solicitudes múltiples, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Karolina Santamaría, imputó cargos por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes agravado a 15 personas capturadas en la llamada operación Firmeza.
Además, la jueza legalizó la detención de 10 de los 15 aprehendidos y dictó otro tipo de medidas cautelares menos severas a cinco de los imputados.
Esta audiencia se inició el 14 de diciembre pasado y concluyó este 15 de diciembre. El Ministerio Público, a través del fiscal contra la Delincuencia Organizada, Efraín Vargas, anunció que apelaba las medidas impuestas a cinco de los imputados de reporte periódico tres veces a la semana, impedimento de saida del país, prohibición de salir de la provincia de Panamá y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a la investigación y de acercarse al aeropuerto de Tocumen.
La jueza dio un plazo de seis meses para llevar a cabo las investigaciones.
Por su parte, los defensores particulares de los imputados anunciaron recurso de apelación contra las detenciones de sus clientes. Esta audiencia será el 3 de enero de 2023, a las 8:30 a.m., en el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna, San Miguelito.
La operación Firmeza, desarrollada en Panamá y Costa Rica, implicó 20 diligencias de allanamiento en las que se aprendieron seis funcionarios del Servicio Nacional de Migración y empleados de una aerolínea que opera en Tocumen.
Las pesquisas apuntan a que estas personas hacían trámites migratorios irregulares a pasajeros extranjeros que estaban en tránsito, con el fin de ayudarlos a llegar a su destino final: Estados Unidos.
