Jueza ordena la detención preventiva de 51 implicados en la operación Fisher

Jueza ordena la detención preventiva de 51 implicados en la operación Fisher
Uno de los implicados en la operación Fisher es trasladado a la audiencia. LP/Gabriel Rodríguez

La jueza de garantías Teodolinda Cardoze ordenó este jueves, 9 de diciembre, la detención preventiva de 51 de los 56 imputados por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, a quienes se le acusa de ser parte de una organización criminal ligada al Clan del Golfo.

Durante una audiencia, que se inició desde el pasado jueves, la jueza Cardoze valoró el caudal probatorio presentado por la fiscalía, tras lo cual se legalizó las aprehensiones, acogió la solicitud de imputación y aplicó las medidas cautelares.

Entre los beneficiados con la aplicación de medidas de detención domiciliaria se encuentran tres mujeres que, según la jueza, no representan riesgo de fuga y mantienen hijos pequeños, por lo que se debe garantizar el respeto de sus derechos humanos.

También se concedió una notificación periódica los días lunes, miércoles y viernes a un funcionario de la Autoridad del Canal de Panamá que formaba parte de la estructura criminal.

La jueza decretó la detención provisional para Jorge Luis General, presunto cabecilla de la red criminal, y para una abogada encargada de gestionar las sociedades anónimas a través de las cuales se canalizaban los dineros provenientes de la droga.

También se decretó la detención para todos los encargados de gestionar los caletos en donde se ocultaba la droga y el dinero obtenido de los embarques que llegaban de Colombia.

Durante la audiencia, la jueza reconoció que la Fiscalía de Drogas logró aportar evidencias de que la red criminal controlaba varias poblaciones de la costa abajo de Colón por donde introducían la droga para luego ocultarla y posteriormente enviarla hacia Centroamérica y Estados Unidos.

En el desarrollo de la audiencia, el fiscal Joseph Díaz aseguró que esta organización criminal era la responsable de la mayoría de la droga que llega a las costas panameñas.

Varios abogados defensores apelaron la decisión de la jueza Cardoze, de ordenar la detención de sus clientes, bajo el alegato que la fiscalía no pudo vincularlos con el blanqueo de capitales ni que formaban parte de una organización criminal.

Ahora, la fiscalía tendrá seis meses para concluir la investigación sobre las operaciones locales del Clan del Golfo, organización de origen colombiano dirigida por Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel), detenido en ese país y solicitado en extradición por Estados Unidos.


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