Mientras el líder de la banda criminal conocida como Bagdad, Rubén Camargo Clarke (Cholo Chorrillo), fue condenado en Estados Unidos, 22 miembros de su círculo más cercano encaran la justicia en Panamá, acusados de conspiración para el blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
Desde el mes de octubre de 2025, 22 miembros de la pandilla Bagdad enfrentan un juicio por el que podrían ser condenados a hasta 44 años de prisión.
La mayor parte de los procesados fue detenida el 7 de abril de 2021, en el marco de la denominada operación Neptuno, que involucró agentes de la Policía Nacional, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Aunque fueron detenidos en 2021, las autoridades venían dándole seguimiento a los miembros de esta organización criminal desde el año 2017, a través de escuchas telefónicas y diligencias de seguimiento y vigilancia.
El juicio se encuentra en la fase de evacuación de pruebas por parte de la Fiscalía de Drogas y los abogados defensores.
Entre los procesados en este caso se encuentran varios parientes cercanos a Camargo Clarke, entre ellos su pareja sentimental Nancy Góngora, quien fue detenida junto a él en Costa Rica. Mientras que él fue extraditado a Estados Unidos, ella fue deportada a Panamá.
Las autoridades atribuyen a Góngora participación en la actividad de esta red, ya que aseguran participó en reuniones realizadas en casas de playa para coordinación de actividades ilícitas.
Según la fiscalía, esta red controlada por la pandilla Bagdad contaba con la colaboración de operadores de botes artesanales que alertaban a la organización sobre los movimientos de las patrulleras del Senan.
Esto permitía a embarcaciones de la organización recoger cargamentos de droga procedentes de Colombia en alta mar, luego llevarlos a tierra y dividirlos en bultos más pequeños para moverlos hacia Centroamérica.
En la investigación, que también contó con el aporte de la agencia estadounidense de Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), se pudo determinar que los cabecillas de esta red supuestamente también daban apoyo logístico a lanchas rápidas que trasladaban droga procedente de Colombia. La asistencia consistía en la entrega de combustible y provisiones.
Red operaba en el Archipiélago de Las Perlas
Según la investigación, la red tenía un punto de operaciones en isla del Rey, y en su estructura mantenía coordinadores en Boca La Caja y El Chorrillo, en la capital; Vacamonte, en Arraiján, y en la provincia de Veraguas. Las operaciones de cada uno de estos se producía de manera compartida y solo sus responsables tenían conocimiento del alcance.
Durante la investigación de la Fiscalía de Drogas se detectó que la red también contaba con la colaboración de algunos funcionarios de los estamentos de seguridad que le proporcionaban información.
Se conoció que, por ejemplo, este grupo celebró reuniones en Coronado y Playa Blanca y que en ambos eventos tuvo la colaboración de agentes policiales que no permitieron que sus vehículos fueran revisados en los retenes.
La primera diligencia contra esta organización criminal se dio en 2017, tras el decomiso de un cargamento de 250 kilos de droga en el área de Boca La Caja, lo que alertó a las autoridades.
