Un error en el manejo de las evidencias podría dar al traste con el juicio seguido a 23 personas imputadas por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, que fueron detenidas en la operación Fisher, que desmanteló una red criminal ligada al Clan del Golfo.
Según la fiscalía, se trataba de una estructura diversa y compleja, con roles diferenciados para la movilización de drogas, manejo de dinero, compra de armas y seguridad de la carga.
En el juicio que se inició en junio pasado, y que ha sufrido varias interrupciones, la fiscalía pretendía presentar como prueba un disco Blue Ray Disc (BD-R) con capacidad de 50 GB, que contenía las interceptaciones telefónicas realizadas por agentes de la Policía como parte de las investigaciones.
Estas escuchas eran consideradas por la fiscalía una pieza clave para reconstruir la forma en que operaba la red y la coordinación entre sus distintos grupos de trabajo.
Sin embargo, un error en el número del oficio a través del cual la Fiscalía de Drogas introdujo la prueba durante el acto de juicio provocó que el tribunal, compuesto por Anabel Varela Lara, Baloisa Marquínez y Dieter Targanski Gómez, decidiera excluirla.
Esta decisión de los jueces motivó que el fiscal de drogas Abdel Guardia Ducasa presentara un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal de Justicia, al considerar que se violó el debido proceso al excluir la citada evidencia del juicio.
No obstante, el tribunal mantuvo la decisión al concluir que el oficio mediante el cual se introdujo la prueba no coincide con el número presentado en la fase intermedia del proceso, etapa en la que un juez de garantías admite las pruebas que se utilizarán en el juicio tanto por la fiscalía como por la defensa.
Tras esta decisión del Primer Tribunal, el fiscal Guardia apeló ante la Corte Suprema de Justicia para que defina si los audios obtenidos por la fiscalía pueden usarse como prueba para sustentar la vinculación de los imputados con esta red criminal.
En este caso, la Fiscalía de Drogas tiene previsto solicitar sentencia condenatoria para los 23 imputados que actualmente enfrentan juicio, ya que previamente 34 procesados alcanzaron acuerdos de pena. La fiscalía se encuentra en el proceso de presentación de 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales para sustentar su teoría del caso.
Sin embargo, las escuchas telefónicas son una de las piezas centrales de la acusación. A través de interceptaciones, la fiscalía sostiene haber documentado cómo la red funcionaba de manera similar a una empresa criminal, con grupos encargados del transporte de la droga, su custodia en residencias de la Costa Abajo de Colón, la movilización en vehículos con doble fondo y la administración de los recursos obtenidos.
El Caso
La operación Fisher se inició en 2021 con el objetivo de desarticular una red criminal ligada al Clan del Golfo dedicada al tráfico de drogas por las costas de Colón. Como parte de esta investigación, la fiscalía logró incautar más de $10 millones en efectivo en residencias ubicadas en la Costa Abajo de Colón, además de 1.5 toneladas de droga y cerca de $20 millones en activos, incluidos vehículos de alta gama, embarcaciones y armas de fuego, en más de 76 diligencias realizadas en Colón, Panamá, Panamá Oeste y Bocas del Toro.
De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba residencias colindantes con el mar para la recepción de la droga y el dinero, así como embarcaciones marítimas ocultas en fincas para evadir los controles del Servicio Nacional Aeronaval. Los cargamentos ingresaban desde Colombia y eran trasladados por rutas terrestres y marítimas hacia Centroamérica, con destino final en Estados Unidos.
Producto de esta actividad ilícita, el grupo generaba grandes sumas de dinero, que ocultaba en propiedades y trataba de introducir al sistema bancario.
La fiscalía también documentó el uso de tecnología como sistemas GPS, el cambio frecuente de chips telefónicos y mecanismos de encriptación para evitar la intervención de las comunicaciones, elementos que quedaron reflejados en las escuchas ahora excluidas del juicio.
Las autoridades identificaron a Jorge Luis General como presunto líder de esta red criminal, encargado de la coordinación general de la organización.
