La Contraloría General de la República informó que presentó siete denuncias penales como resultado de “hallazgos detectados” durante auditorías forenses.
No se precisa cuál es el delito que se pide investigar. Tampoco cuales fueron los hechos o actos públicos auditados.
Según la entidad, las denuncias fueron remitidas entre el 30 de junio y el 2 de julio pasado, luego de que los informes identificaran elementos que podrían ameritar una investigación penal.
Las denuncias corresponden a auditorías practicadas al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), a la empresa contratista FCC Construcción, S.A., a la junta comunal de Ponuga y a los exfuncionarios de la administración pasada (2019-2024) Noriel Arauz, Publio Anselmo de Gracia Tejada, Nadia del Río y Maritza Ureña.
Arauz fue administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). De Gracia y Ureña eran el director y la subdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Ureña, además, es la madre del abogado Luis Acevedo Ureña, persona de confianza del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
Del Río también era cercana a Carrizo y laboró en el Ministerio de la Presidencia, como asistente de Cortizo. De ella ya se sabía que estaba bajo la lupa de la Contraloría. Incluso Del Río presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución 3126-2026, de 23 de septiembre de 2025, expedida por la Contraloría, mediante la cual se dio apertura al proceso de investigación. También interpuso un amparo de garantías constitucionales que ataca la orden verbal impartida por la Dirección General del Registro Público, mediante la cual se aplican medidas cautelares sobre sus bienes.
La perforadora del Idaan
Aunque el comunicado de Contraloría es bastante escueto, La Prensa conoció que la denuncia que concierne al Idaan es sobre la compra de una perforada hidráulica, modelo GEFKO 50k, adquirida durante la administración del exdirector Juan Antonio Ducruet.
La perforadora está valorada en 3.5 millones de dólares y supuestamente estaba destinada a perforar pozos de hasta 1,000 pies de profundidad, como parte de una estrategia institucional para enfrentar la escasez de agua potable en el país.
La auditoría del Idaan se remonta a hace un año. La denuncia penal se presentó el 1 de julio pasado, lo mismo que la de la junta comunal de Ponuga, cuya auditoría estuvo lista en enero.
Contraloría informa sobre denuncias penales presentadas a partir de informes de auditoría.#ContraloríaPanamá #CGRPanamá #TrabajandoConIntegridad pic.twitter.com/BfThF5a5qA
— Contraloría General de la República de Panamá (@ContraloriaPma) July 7, 2026
En el caso de FCC Construcción, la auditoría se entregó el 18 de septiembre de 2025 y la denuncia se presentó el 2 de julio de 2026.
En tanto, las auditorías contra los exfuncionarios se entregaron entre abril y junio pasado. Todas las denuncias contra los antiguos servidores se presentaron el 2 de julio, salvo la de Arauz, que fue denunciado el 30 de junio.
Exdirector de la DGI responde
De Gracia reaccionó al anuncio de la Contraloría.
“Esto es un proceso que lleva dos años. No entiendo la publicidad de esta autoridad sobre el tema”, mencionó.
“Como exfuncionarios tenemos la obligación de atender, durante y después de nuestro servicio público, cualquier pregunta, duda o requerimiento que tengan las autoridades. Durante los cinco años que me tocó servir, lo hice de manera correcta, apegado a la ley y estoy seguro que al final, cualquier duda que se haya generado, va a poder tener una respuesta correcta”, recalcó.
