Un total de 120 audiencias han realizado los jueces de garantías y magistrados de tribunales de apelaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en todo el país desde la suspensión de los términos judiciales el pasado 13 de marzo a raíz de la pandemia de coronavirus que afecta al país.
Un informe del Órgano Judicial revela que de lunes 23 de marzo al 27 de marzo en la oficina judicial de Plaza Ágora se realizaron un total de 14 de audiencias por delitos de van desde robo, posesión ilícita de drogas y quebrantamiento de medidas de protección.
Mientras que en la oficina judicial del SPA en San Miguelito se realizaron un total de seis audiencias y en la provincia de Darién se efectuaron tres audiencias; en ambas jurisdicciones los delitos más comunes son robo, hurto y posesión de drogas.
En tanto, en la oficina judicial de Panamá Oeste se efectuaron otras seis audiencias por jueces de garantías, por delitos de homicidio, posesión ilícita de armas de fuego, robo y posesión de drogas.
Por otro lado, en las oficinas judiciales de Coclé, Herrera y Los Santos se realizaron un total de cinco audiencias ante jueces de garantías. En Colón y Bocas del Toro se hicieron tres audiencias ante jueces de garantías.
Mientras que en el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial se dieron tres audiencias para resolver apelaciones por detenciones en casos de homicidio y violencia doméstica.
Mientras que el Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí se efectuaron tres audiencias para resolver recursos en casos de drogas y blanqueo de capitales.
Entre el 16 al 22 de marzo se habían realizado un total de 80 audiencias antes jueces de garantías y los tribunales de apelaciones.
También se informó que los 15 funcionarios del SPA, entre ellos cuatro jueces, que mantuvieron contacto con un privado de libertad que dio positivo en Covid-19 se encuentran en aislamiento y hasta ahora no han mostrado síntomas de la enfermedad.
Debido a la gravedad de los hechos cometidos los fiscales del MP, aplicarán y exigirán de manera rígida y severa la imposición de las medidas cautelares y de las sanciones penales correspondientes.
