La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, destacó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 351 de 2022, pone un alto a este esquema que permitió la corrupción y la impunidad.
En un comunicado emitido este martes 21 de enero de 2025, titulado ‘Justicia tardía, impunidad garantizada’, la organización plasmó que, a pesar de la demora, la decisión es una buena noticia.
Se resalta que, con este fallo, la Contraloría General de la República deberá regresar a regirse por la Ley 32 de 1984.
Entre otros aspectos, el fallo “restituye el principio de estricta legalidad en las actuaciones de los funcionarios de la Contraloría, obligándolos a realizar y entregar auditorías e investigaciones requeridas por el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas. Estos informes constituyen piezas clave en los procesos judiciales y habían sido reemplazados por una política discrecional conocida como cultura de la corrección bajo la dirección del anterior contralor”.
La CSJ declaró parcialmente inconstitucional la Ley 351 de diciembre de 2022, que reformó las funciones de la Contraloría General de la República, entre ellas la frase que permite al jefe de las finanzas públicas archivar a su discreción los informes de auditoría e investigaciones que desarrolle esa entidad.
En este caso, se refiere al artículo 31 de la Ley 351 y específicamente a la frase contenida en el acápite F de la citada norma legal, en el que se establece que el contralor podrá ordenar el archivo de investigaciones y auditorías “según a su criterio corresponda”.
