Tres de los emblemáticos procesos adelantados por el Ministerio Público por la supuesta comisión de delitos financieros y estafa, a través de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP), fueron cerrados por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales por falta de evidencias.
Solo en uno se solicitó llamamiento a juicio. En este caso para Mayté Pellegrini. Así consta en el fallo firmado por Fernando Basurto, juez tercero liquidador de causas penales, documento con fecha del pasado 26 de septiembre, en el que se decreta un sobreseimiento definitivo para 12 de los 13 imputados investigados en los tres procesos.
El tribunal solo recomendó el llamamiento a juicio de Pellegrini por el delito de estafa en perjuicio de Caye Bank, denuncia presentada en 2013 por la supuesta sustracción de $2 millones. Por este caso el Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio de los exdirectivos de FP Iván Clare, y West Valdés; así como de José Ricaurte González, Oscar Rodríguez y Pellegrini.
En este caso el juzgado estimó que solo en el caso de Pellegrini había indicios de que se había actuado dolosamente en el manejo de los fondos de Caye Bank.
El segundo caso trata de una denuncia presentada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en 2013, en la que se acusaba a Valdés, Clare y a otras seis personas por presunto blanqueo de capitales.
Este caso fue desestimado por el juez Basurto, pues aseguró que el delito precedente sobre el que se fundamentó la investigación era un presunto peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros en el proceso de la construcción del Centro de Convenciones de Amador, pero dicho caso fue cerrado por el liquidado Juzgado Decimocuarto Penal, por lo que dejó sin sustento el cargo por blanqueo de capitales.
El tercer caso también tenía que ver con una denuncia de la SMV por delitos financieros a través de la cuenta High Spirit por el depósito irregular de fondos a través de FP, pero este proceso también fue sobreseído, ya que la conducta achacada a las casa de valores, solo constituía una falta administrativa y no era causal para el inicio de una investigación de carácter penal por parte del Ministerio Público.
