Juzgado condena a Frank De Lima y al exgerente de Tocumen Juan Carlos Pino por peculado

El caso se originó por una denuncia anónima interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción el 21 de agosto de 2014. El exministro indicó que ya se presentó una apelación.

Juzgado condena a Frank De Lima y al exgerente de Tocumen Juan Carlos Pino por peculado
Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas. Archivo

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aplicó una condena de 80 meses de prisión al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, y al exgerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Juan Carlos Pino, por el delito de peculado doloso en perjuicio de esta terminal aérea.

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Juzgado llama a juicio a Frank De Lima por presunto peculado en el Aeropuerto de Tocumen

A través del edicto No. 73, colgado en la sede del juzgado el pasado 2 de julio, se notificó a las partes de la sentencia mixta No. 3, en la que además se les aplica la pena accesoria de la prohibición del ejercicio de funciones públicas, una vez cumplida la pena de prisión.

También en la sentencia, con fecha el 8 de mayo de 2024, se dictó un veredicto absolutorio en favor de Jaime Quintero Alaín (exjefe de bienes patrimoniales de Tocumen, S.A.) y Dionisia Inés Gutiérrez (representante legal de Sky Parking, S.A.), a quienes se ordenó levantar las medidas cautelares de impedimento de salida del país que le habían sido impuestas por el tribunal.

Este caso guarda relación con una denuncia anónima interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción el 21 de agosto de 2014, referente a supuestos manejos inadecuados y recurrentes que se estaban dando en los contratos de estacionamientos en dicha terminal aérea.

La concesión para la administración y operación de los estacionamientos en el aeropuerto –por un periodo de 20 años– fue adjudicada por Tocumen, S.A., en julio de 2011, a través del mecanismo de contratación directa por invitación, a Sky Parking, S.A.

En tanto, el exministro De Lima −en su cuenta de la red social X− informó que ya presentaron una apelación contra la decisión expedida por el Juzgado Primero Liquidador ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y que se aportó un fallo del Tribunal de Cuentas en el que se establece que en este caso no hubo lesión patrimonial.



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