El empresario Ralph Attie sigue hospitalizado en Pacific Salud, pero ya se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir.
Por unas horas, una sala del hospital se convirtió en salón de audiencias para que el juez de garantías resolviera varios asuntos que quedaron pendientes desde el miércoles 27 de agosto, cuando agentes de la Policía y del Ministerio Público se presentaron en casa de Attie para aprehenderlo por las irregularidades denunciadas en el manejo de Listo Wallet, la plataforma utilizadas para pagar a los beneficiarios del vale digital, uno de los componentes del plan Panamá Solidario.
Aquel día, los agentes no pudieron llevarse a Attie porque, cuando fueron a colocarle las esposas, se le bajó el azúcar y presentó un cuadro de hipertensión. Fue así como llegó a Pacífica Salud, donde permanece desde entonces.
Pero el pasado jueves 4 de septiembre, el juez de garantías Luis Ceballos se trasladó al hospital con personal de la Fiscalía Anticorrupción, para celebrar ahí tres audiencias: una, de legalización de la aprehensión; otra, de imputación de cargos, y la última, de imposición de medidas cautelares.
Aunque debían empezar a la 1:00 p.m., todo se dilató por los requerimiento del personal de seguridad del nosocomio, que vigilaban el ingreso de los funcionarios.
Las tres audiencias
En la primera le fue bien a Attie: el juez Ceballos declaró ilegal su aprehensión. No obstante, en la segunda, el punto fue para la fiscal Thalia Palacios y Attie fue imputado.
Cuando fue el punto de discutir las medidas cautelares, el juez rechazó la petición de la fiscal para ordenar la detención provisional del empresario. En su lugar, tiene impedido salir del país y deberá mantener la residencia que inicialmente declaró a las autoridades y que consta en el expediente.
Con Attie ya son cuatro los imputados por esta causa: su hermano Budy Attie, el exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y la abogada Janice Becerra de Reynardus, una antigua asesora de la AIG.
Budy Attie, Oliva y Becerra tienen impedimento de salida del país y tienen la obligación de reportarse los días 14 y 28 de cada mes (Becera solo debe hacerlo un día).
Como la fiscal Palacios insiste en la detención provisional de Budy Attie y Luis Oliva, el próximo 10 de septiembre se llevará a cabo una audiencia de apelación.
¿De qué se les acusa?
Ante el juez Luis Ceballos, la Fiscalía Anticorrupción sustentó la formulación los cargos de peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionario.
Palacios alegó que la AIG cedió el control de la plataforma de pago del vale digital a Fintek Corp., una empresa que no tenía un contrato formal con el Estado. Oliva entregó la administración de la plataforma a Fintek a través de un acuerdo firmado en diciembre de 2022, que la Contraloría refrendó en febrero de 2024.
De ese modo, Fintek se encargó de la gestión de los pagos de todos los beneficios sociales entregados por el Gobierno en plena pandemia respiratoria de la covid-19, como parte del plan Panamá Solidario.
La fiscal Palacios explicó que su despacho cuenta con información de que a través de la plataforma se desembolsaron millones de dólares asignados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
Palacios alegó que Oliva, como director de la AIG entre 2021 y 2023, modificó la plataforma utilizada para la entrega del vale digital, que originalmente estaba bajo la administración de la empresa Cable & Wireless.
Cable & Wireless se retiró en diciembre de 2022, alegando falta de pago. Oliva le endosó esta tarea a Fintek Corp., a través de un acuerdo con la AIG, en el que supuestamente la autoridad no pagaría un centavo por la prestación del servicio. El pago lo harían los comercios afiliados al plan.
Según la investigación, Oliva era la persona que aprobaba la vinculación de los comercios a la plataforma Listo Wallet, utilizada en programas como el vale digital, el “combustible solidario” y las becas del Ifarhu.
