El martes 5 de julio concluyó la audiencia preliminar del caso New Business, en la que el Ministerio Público pidió llamar a juicio a 16 personas y recomendó el sobreseimiento de otras 10.
Ahora, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, tiene como tareas inmediatas evaluar el expediente, considerar los argumentos de defensores y fiscales, y resolver una pluralidad de incidentes judiciales.
El proceso New Business –que sigue la pista la compra de Editora Panamá América, S.A. con supuestos fondos públicos– se desarrolla bajo las reglas del sistema inquisitivo mixto del viejo Código Judicial. Esta normativa establece que la jueza tiene 30 días calendarios para resolver los incidentes de los abogados defensores y emitir su auto de llamamiento a juicio. Con esa resolución judicial, se interrumpe la prescripción del caso para todos los participantes de la audiencia preliminar ocurrida esta semana.
En lo referente al expresidente Ricardo Martinelli, como no formó parte de esta audiencia, al emitirse un auto de llamamiento a juicio para algunas de las personas que sí participaron, la interrupción del término de prescripción no lo afectaría.
Martinelli no participó de la audiencia por decisión del pleno del Tribunal Electoral (TE) que el 22 de marzo pasado determinó que el expresidente cuenta con fuero electoral penal, porque está amparado por el principio de especialidad del Tratado de Extradición de 1904 entre la República de Panamá y Estados Unidos.
Esa decisión del Tribunal Electoral fue recurrida por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que aún no se ha pronunciado sobre el asunto.
El reloj de la prescripción
El tema fundamental del caso New Business es el de la prescripción.
Según el artículo 254 del Código Penal, el blanqueo de capitales tiene una pena máxima de 12 años de prisión. Ese es el término que se usa para determinar la prescripción de la acción penal, es decir, la muerte jurídica de la causa.
Si los actos que dieron fundamento al caso se efectuaron en diciembre de 2010, la prescripción originalmente debería ocurrir en diciembre de este año.
Pero, en razón de la pandemia, la Corte suspendió los términos en tribunales y despachos judiciales en múltiples ocasiones, lo que a su vez suspendió el conteo de la prescripción.
Estas suspensiones le agregarían unos 71 días calendario al plazo de prescripción del caso New Business, lo que pondría la fecha de esta en marzo del año 2023.
Respecto al proceso del expresidente Ricardo Martinelli en lo atinente al caso New Business, suponiendo que la Corte anulara por inconstitucional la decisión del TE que negó el levantamiento del fuero electoral penal, el exgobernante tendría que acudir a una audiencia preliminar, dado que al anularse la decisión del pleno del TE quedaría vigente la primera decisión sobre esta controversia, que fue el levantamiento del fuero, ordenado el 23 de febrero pasado por la jueza segunda administrativa electoral, Edmara Jaén.
El expresidente tendría una audiencia preliminar individual y si hipotéticamente se ordenara su llamamiento a juicio se interrumpiría el término de prescripción del caso New Business para su persona, siempre y cuando ese auto se emita a tiempo.
Una situación parecida se dio en el caso de los pinchazos, en el que los exdirectores del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez y Alejandro Garuz fueron juzgados y condenados, pero el expresidente Martinelli fue absuelto en dos ocasiones por la misma causa. Tanto Garuz como Pérez apelaron sus condenas, por lo que aún no hay una decisión en firme.
En cuanto al caso Odebrecht, por tratarse de un delito que supuestamente fue perpetrado hasta el año 2014, la prescripción de la acción penal sería en el segundo semestre del año 2026.
El Código Judicial es la única norma que en Panamá mantiene un criterio tan obsoleto para la prescripción de los delitos. En contraste, en la jurisdicción de Cuentas la actuación de la fiscalía interrumpe la prescripción, lo que desalienta el uso de tácticas oportunistas para dilatar el proceso.
