La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que el Estado panameño incumplió su deber de investigar y sancionar con la debida diligencia a los responsables de la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, registrada el 9 de junio de 1971, por lo que remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) una petición para que condene a las autoridades panameñas a entregar una compensación por los daños materiales e inmateriales ocasionados.
A través de un comunicado de prensa, publicado el pasado viernes, la CIDH alega que las investigaciones por la desaparición de Gallego fueron deficientes y llenas de irregularidades, lo que motivó su archivo en 1973. Tras la conclusión de la dictadura militar, la Iglesia Católica logró su reapertura en 1990, y en 1994 se dictó la condena de los militares Nivaldo Madriñán, Melbourne Walker y Eugenio Magañón como cómplices del crimen, aunque dicha sentencia no abordó la responsabilidad de los altos mandos militares.
Magañón estuvo prófugo por más de 30 años, pero el pasado 4 de mayo fue detenido por la policía. Un tribunal le concedió arresto domiciliario por su avanzada edad; tiene 94 años.
En su Informe de Fondo, la CIDH determinó que existen pruebas suficientes para concluir que Gallego fue detenido y desaparecido por agentes estatales, en un contexto de represión y desapariciones forzadas durante los gobiernos militares panameños.
Indica que el Estado incumplió su deber de investigar y sancionar con debida diligencia, favoreciendo la impunidad, y que tales acciones tuvieron como propósito detener la actividad pastoral del sacerdote.
La comisión también concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, vida, integridad y libertad personal; libertad de conciencia y religión; libertad de asociación; y garantías y protección judiciales, todas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, concluye que, ante estas evidencias, el Estado panameño, como responsable de estos hechos, debe reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, incluyendo medidas de satisfacción y compensación por daños materiales e inmateriales.
Asimismo, plantea que debe investigar el paradero de Jesús Héctor Gallego Herrera mediante un plan de búsqueda con resultados medibles y participación familiar; en caso de hallarse restos, garantizar su identificación y entrega.
También solicita adoptar políticas públicas y protocolos forenses para la gestión de archivos y material genético de víctimas de la dictadura, y capacitar a las autoridades en estándares interamericanos y en los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas.
La denuncia presentada ante la CIDH en 2003 involucró una serie de gestiones por parte de familiares y del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa-HG).
Los miembros de Cofadepa-HG han solicitado a diferentes gobiernos la identificación de restos de personas desaparecidas durante la dictadura militar, que se encuentran en manos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), y el juzgamiento de los presuntos responsables de estos hechos.
En enero de 2025, Cofadepa-HG denunció que, tras cinco años de haber alcanzado un acuerdo amistoso con el Estado para el resarcimiento económico y el reconocimiento de la responsabilidad estatal en estos casos, aún no se ha concretado ninguno de los puntos pactados.
Entre los acuerdos incumplidos por el Estado con los miembros de Cofadepa-HG se encuentran el pago de una compensación económica a los familiares de las víctimas desaparecidas y asesinadas durante la dictadura militar, la elaboración de una memoria histórica de los hechos registrados entre 1968 y 1989, así como la designación del 9 de junio —fecha en que desapareció el sacerdote Héctor Gallego— como día cívico de reflexión nacional para las víctimas de la dictadura militar.
La Fiscalía Regional de Veraguas mantiene un expediente abierto por la desaparición de Gallego y ha realizado varias diligencias en busca de sus restos.
