El acuerdo de pena que los hijos de Ricardo Martinelli Berrocal pactaron en Estados Unidos, en el año 2022, se ha convertido en una prueba determinante en el juicio que se le sigue al exmandatario en Panamá, por los sobornos que Odebrecht repartió en su gobierno (2009-2014) a cambio de contratos con el Estado.
Para la Fiscalía Especial Anticorrupción, la confesión de Ricardo Alberto “Rica” y Luis Enrique “Kike” Martinelli Linares no solo acredita la existencia de transferencias de fondos vinculadas a Odebrecht, sino que también refuerza la tesis de que se estructuró un esquema financiero internacional para el movimiento de dinero ilícito a través de una red de sociedades, testaferros, cuentas bancarias y distintas jurisdicciones. El reconocimiento de culpabilidad ante la justicia estadounidense constituye, según el Ministerio Público, un elemento clave que robustece la acusación y aporta sustento documental y testimonial al proceso que ahora enfrenta el exgobernante panameño.
La fiscal Ruth Morcillo, que este lunes 23 de febrero inició la etapa de alegatos, recalcó que Martinelli debe ser condenado por blanqueo de capitales ya que participó activamente en estos delitos. Como gobernante, tenía el control de toda la administración en el país y podía gestionar los contratos a favor de la empresa brasileña.
De hecho, sus hijos confesaron al juez de Nueva York, Richard Dearie, que blanquearon por lo menos $28 millones de Odebrecht siguiendo instrucciones de su padre. Las transferencias iniciaron en 2009, poco antes de que Martinelli fuera electo presidente, y continuaron hasta el año 2015.
Rica y Kike Martinelli también están acusados en esta causa, pero no son enjuiciados por la juez Baloisa Marquínez ya que ambos, como diputados suplentes del Parlacen, deben ser procesados por la Corte Suprema de Justicia.
La fiscal también se refirió a una asistencia judicial de Suiza, relacionada con cuentas bancarias a nombre de la sociedad Active Capital. Ahí se ubicaron transferencias realizadas para beneficiar a familiares del expresidente.
Otro elemento aportado por la fiscalía es la declaración de Evelyn Vargas Reynaga, antigua abogada de Importadora Ricamar, quien reconoció que la familia utilizaba un avión y un helicóptero adquiridos a través de Silver Wing, sociedad que también se alimentó con plata de Odebrecht.
A la vez, citó una declaración de André Rabello, exintendente de Odebrecht en Panamá, quien aseguró que la constructora donó hasta $1.4 millones a la campaña presidencial de Martinelli en el año 2009.
Según la fiscal, Rabello recibió un trato preferencial en sus proyectos por parte de Martinelli y sus hijos servían como intermediarios para agilizar los pagos que Odebrecht debían recibir por sus contratos con el Estado.
Luis Da Rocha Suarez, otro antiguo ejecutivo de Odebrecht, reveló que a Martinelli se le asignó el apodo de “Aguia”, en el sistema Drousys, el cual era utilizado por la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para agilizar las coimas.
También el exdirectivo de Odebrecht, Luis Mameri, relató que en abril de 2008, como vicepresidente de América, realizó una contribución de $400 mil de la Caja 2 para la campaña de Martinelli, que entonces se perfilaba como candidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD).
También se hicieron pagos a Caribbean Holding Ltd., sociedad controlada por Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli. Mizrachi, que fue absuelto, confesó que el expresidente le pidió recibir esos fondos. Los dineros salieron de Caribbean Holding a la sociedad Richeliu Investment Company, que tenía como destinatario la familia Martinelli.
También contó que Importadora Ricamar se beneficio de fondos transferidos a través de Innovation Research Engineering Development y Klinfield Services, ambas utilizadas por la Oficina de Operaciones Estructuradas.
También relató que la sociedad Jiu Chun International, de Ramón Carretero, recibió fondos de los operadores de Odebrecht y luego, a petición de Riccardo Francolini, se hicieron transferencias a diferentes personas y sociedades.
La fiscal citó la declaración de la publicista brasileña Mónica Moura, quien ayudó a la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de CD en las elecciones de 2014. Añadió que la invitación se concretó a través de Rabello por un monto de $21 millones. Odebrecht pagó $11.5 millones y Martinelli aportó $500 mil.
Morcillo también pidió la absolución de Aurora Muradas, expareja de Martinelli. Aunque en la investigación se acreditó que se benefició con fondos desembolsados por Odebrecht, no queda claro si Muradas sabía que esos dineros eran ilícitos. En el sistema Drousys, Muradas era conocida como la “periquita 4″. Otras tres periquitas ya habían sido beneficiadas con un sobreseimiento provisional por la juez Marquínez, en el auto de llamamiento a juicio.
Mientras la fiscal hacía sus alegatos, Martinelli y Muradas seguía el juicio vía telemática, a través de la plataforma Zoom. Martinelli está actualmente en Colombia, donde se asiló para evadir cumplir una condena por blanqueo de capitales en el caso New Business.
El juicio se reanuda este martes 24 de febrero a las 2:00 p.m. Se espera que la fiscalía complete sus alegatos.
