La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia accedió a la solicitud de levantamiento de suspensión provisional de la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos.
La petición de levantamiento de la suspensión de obras fue solicitada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), luego que este proyecto fuera paralizada el pasado 11 de febrero de 2019 como parte de una demanda de nulidad que interpuso el entonces alcalde capitalino José Isabel Blandón
Según la Sala Tercera, la medida cautelar de suspensión no sería efectiva, porque genera mayores grados de afectación ambiental que podrían incidir en la vida y salud de la población.
El fallo, con fecha del 30 de diciembre de 2019 -pero divulgado el 20 de enero de 2020-, lleva la firma de los magistrados Abel Zamorano (ponente) y Cecilio Cedalise. Luis Ramón Fábrega salvó el voto.
De hecho, el MOP pidió se continuaran las obras para mitigar ciertas áreas por su condición de vulnerabilidad a desastres.
Al respecto, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) expresó su preocupación ante la decisión de la Sala Tercera, porque considera que de ese modo, ya el contratista no tendría restricciones para reanudar la obra.
Este fallo se da a conocer días después de la difusión de la resolución por la cual el MOP rescinde el contrato otorgado a la empresa Astaldi, S.A. para la construcción de la obra, debido a sucesivos y reiterados incumplimientos en sus obligaciones de gestión ambiental al frente de la construcción.
En tanto, el pasado martes, Astaldi presentó una impugnación a la decisión del MOP ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, en la que señala que la demora en los pagos y la deficiente administración del contrato por parte del MOP afectó de forma considerable la ejecución del proyecto.
Astaldi pide que se revoque la decisión del MOP de resolver administrativamente el contrato.
Este proyecto tiene un costo de $89.1 millones y se extiende a lo largo de siete kilómetros, desde la sede del Servicio de Protección Institucional (SPI), situada en el sector de Cárdenas, hasta el puente Centenario.
A medida que avanzaba el proyecto, fue cuestionado por organizaciones como la Fundación Ciudad del Saber, la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal y el Centro de Incidencia Ambiental, por el daño ecológico que ocasionó en el área.
