El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó un recurso de reconsideración interpuesto por Adrián Hernández contra su destitución como magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones y ordenó auditar las oficinas judiciales del Primer Distrito Judicial de Panamá, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la asignación de audiencias.
El recurso fue presentado contra el Acuerdo No. 1837 del 8 de junio de 2026, mediante el cual se dejó sin efecto su nombramiento en ese despacho judicial.
En el Órgano Judicial confirmaron que el Pleno de la CSJ confirmó el Acuerdo No.1837 del 8 de junio de 2026, en el que se decidió dejar sin efecto su nombramiento en ese cargo.
El Pleno todavía debe discutir sobre el recurso de reconsideración de Justo Vargas, cuyo nombramiento como magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones también quedó sin efecto.
Ambos magistrados fueron cesados de sus cargos cuando se detectó que a las oficinas judiciales estaban llegando solicitudes de jueces y magistrados para que se les asignara alguna audiencia específica.
La norma indica que el reparto de audiencias es aleatorio.
En la auditoría se está revisando si algunas audiencias fueron asignadas a jueces o magistrados que estaban fuera de turno; también si la asignación responde a alguna petición directa.
La auditoría incluye una revisión de los procedimientos aplicados por el personal del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el manejo de las audiencias de legalización de aprehensión, imputación, medidas cautelares, cumplimiento, control posterior y vulneración de derechos.
La magistrada Maribel Cornejo, presidenta de la Sala Penal de la CSJ, ordenó que los jueces y magistrados no hagan solicitudes al personal de las oficinas judiciales.
Hernández, quien ingresó al Órgano Judicial en el año 2016, fue designado magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones en 2023. El 3 de enero de 2025, fue escogido vicepresidente del tribunal.
Algunas decisiones adoptadas en el corto periodo que ejerció el cargo fueron cuestionadas.
Por ejemplo, otorgó la medida cuatelar de casa por cárcel y prohibición de acercarse al barrio de El Chorrillo a un grupo de jóvenes procesados por los delitos de tentativa de homicidio, robo y privación de libertad, luego de unos disturbios callejeros.
Hernández y Vargas también fueron los magistrados que concedieron una medida de casa por cárcel a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, quien había sido detenido en el operativo antridrogas denominado Jericó.
