La Corte revisará las condenas de Suárez, Francolini, De Obarrio, Samaniego y Moreno

La Sala Penal no tiene un término definido para pronunciarse en cuanto a los recursos de casación presentados por el caso Blue Apple.

La Corte revisará las condenas de Suárez, Francolini, De Obarrio, Samaniego y Moreno
De Izq. a Der.: Riccardo Francolini, Federico Suárez y Jaime Ford. Los tres fueron condenados por el caso Blue Apple por la juez Baloisa Marquínez.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió cinco recursos de casación contra la sentencia de segunda instancia N.° 11, del 3 de abril de 2024, emitida por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que confirmó las condenas de prisión de funcionarios de la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y empresarios particulares, por el delito de blanqueo de capitales en el denominado caso Blue Apple.

A través del Edicto N.° 80, divulado este miércoles por la Secretaría de la Sala Penal, se notificó la admisión de los recursos de casación presentados por el exministro de Obras Públicas, Federico José “Pepe” Suárez; el exsecretario de Martinelli, Adolfo “Chichi” De Obarrio; el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini; el empresario Octavio Samaniego, y el arquitecto George Joseph Moreno Pérez Venero.

El edicto también informa que fue rechazado el recurso de aclaración de sentencia presentado por Juan Daniel Girón Samaniego, a quien previamente se le había negado el recurso de casación.

El pasado 10 de junio, la Sala Penal ordenó corregir los recursos presentados por Suárez, De Obarrio, Francolini, Samaniego y Moreno debido a deficiencias formales en su presentación. Dichas correcciones fueron atendidas por los correspondientes abogados defensores.

Por este caso, Suárez fue condenado a 168 meses de prisión y al pago de una multa de $27.4 millones. La condena de Francolini, en tanto, es de 60 meses de prisión y una multa de $470 mil.

Por su parte, De Obarrio fue condenado a 120 meses de prisión y al pago de una multa de $5 millones.

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Los empresarios, de izquierda a derecha, Carlos Cerdas (Constructora Meco), Alberto Jurado (Bagatrac), Juan Alexis Rodríguez (Constructora Rodsa) y Eduardo Di Bello (Ingeniería REC), admitieron ante la fiscalía el pago de millones de dólares en sobornos en el caso Blue Apple, durante la administración de Ricardo Martinelli.

De Obarrio nunca ha comparecido personalmente ante la justicia panameña. Se presume que permanece en Italia, país que no aplica el tratado de extradición suscrito con Panamá debido a que la Asamblea Nacional aún no lo ha ratificado.

En tanto, Samaniego y Moreno fueron condenados a 152 y 80 meses de prisión, respectivamente, por el delito de corrupción de servidores públicos.

Samaniego fungió como representante legal de Desarrollo Lineal y Servicios Maravilla S.A. empresas que movieron fondos y giraron cheques que fueron a parar a Blue Apple. Moreno, en tanto, aparece ligado a la compra de unos terrenos en Mariato, Veraguas, con fondos aportados por contratistas del Estado que fueron canalizados a través de la cuenta canasta a nombre de Blue Apple. En octubre del año pasado, Moreno adquirió notoriedad porque apareció en un recorrido oficial por la villa diplomática, con la ministra de Cultura, Maruja Herrera, y dos hijas del presidenteJosé Raúl Mulino.

Previamente, la Sala Penal desestimó los recursos de casación presentados por la Fiscalía Anticorrupción contra las absoluciones dictadas a favor de Melina Cano, Jaime Martín De La Espriella, Luis Alberto Arias y Luis Antonio Donadío.

En este proceso también fue condenado el exministro de Obras Públicas Jaime Ford a 80 meses de prisión y al pago de una multa de $11.4 millones. Sin embargo, al haber sido electo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), su caso es competencia de la Corte Suprema de Justicia.

La misma situación ocurre con los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes también son diputados del Parlacen y, por tanto, son investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

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La Sala Penal revisará si en su fallo la juez Baloisa Marquínez hizo una debida valoración de las pruebas aportadas durante el juicio del caso Blue Apple. Archivo.

El edicto dispone, además, correr traslado al procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, para que emita su concepto sobre los argumentos planteados en los recursos de casación.

Durante la investigación, Carlos Cerdas, de Constructora Meco; Alberto Jurado, de Bagatrac; Juan Alexis Rodríguez, de Constructora Rodsa; y Eduardo Di Bello, de Ingeniería REC, confesaron ante la Fiscalía Anticorrupción que realizaron pagos a través de la sociedad Blue Apple Services, Inc., equivalentes a entre el 5% y el 10% del valor bruto de sus contratos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en concepto de supuesta “ayuda política”.


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