La Corte Suprema de Justicia (CSJ) despejó el camino para que el caso New Business, que investiga la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con supuestos fondos públicos, siga su curso.
En la sesión del pleno del pasado jueves 8 de septiembre, los magistrados revocaron una orden de anular todo lo actuado en la primera audiencia del caso New Business, celebrada el 27 de enero de 2022, y con ello respaldaron acciones de Baloisa Marquínez, jueza del caso.
Esa orden de anular lo actuado en la audiencia fue dada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en junio pasado. El tribunal dio la razón a los hermanos Daniel y David Ochy, dos de los procesados, quienes sustentaron que Marquínez había violado sus derechos al decretar la ruptura procesal de sus casos, para analizarlos por separado al del resto de los acusados.
En su fallo, el Primer Tribunal Superior aseguró que la ruptura procesal solo puede ser dispuesta por el juez cuando se alcancen medios alternos de solución de conflictos o cuando el investigado presente enfermedades mentales o se encuentre en paradero desconocido.
Pero, según la Corte, la jueza no cometió ninguna “infracción de derechos fundamentales”.
En esa audiencia del pasado 27 de enero, la jueza también decretó la ruptura procesal del expresidente Ricardo Martinelli, porque sus abogados defensores invocaron el fuero electoral penal a raíz de su condición de presidente del partido Realizando Metas, que por esos días celebraba elecciones internas.
La votación
De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, el fallo que respalda las actuaciones de Marquínez tuvo como ponente a la magistrada Maribel Cornejo. Sus colegas María Cristina Chen Stanziola, Olmedo Arrocha Osorio, Miriam Cheng Rosas, Carlos Alberto Vásquez Reyes y María Eugenia López Arias la apoyaron; mientras que José E. Ayú Prado Canals, Cecilio Cedalise Riquelme y Angela Russo de Cedeño votaron en contra.
La decisión de la Corte surgió a raíz de una apelación presentada por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada a la sentencia del Primer Tribunal. En este caso, la fiscalía pidió juicio para 16 personas y un sobreseimiento para 10.
La investigación se inició en el año 2017, cuando el Ministerio Público reveló que la compra de Epasa se gestó a través de una sociedad canasta denominada New Business y que el dinero aportado provenía de contratos otorgados a diversas sociedades para la supuesta ejecución de obras de infraestructura pública.
En la investigación, se obtuvo información bancaria y asistencias internacionales.
