La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo solicitó una sentencia condenatoria por el delito de blanqueo de capitales para el exministro de la Presidencia, Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, quien supervisó la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá, obra ejecutada por la empresa brasileña Odebrecht.
Además, la fiscal pidió la condena para los directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA), los andorranos María Cristina Lozano Bonet y Francesc Pérez Jiménez, por los mismos cargos, y solicitó la absolución del español Jaume Pamies Dolade. Los tres siguen el juicio por los sobornos de Odebrecht vía telemática, a través de la plataforma Zoom. Papadimitriu, en cambio, sí está presente en la sala.
El juicio se reanudó este lunes 23 de febrero, luego de una larga pausa por los carnavales que empezó el pasado viernes 13.
La jornada inició con los alegatos de la fiscal Morcillo.
Explicó que la implicación de Papadimitriu en el caso está relacionada con una asistencia judicial de Andorra, en la que se revelaron las sociedades que recibieron fondos de Odebrecht y que, según la investigación, beneficiaron a Papadimtriu, que fue ministro de la Presidencia en los tres primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014)
En el caso del exministro, las sociedades estaban a nombre de sus padres, Diamantis Papadimitriou y María Bagatelas de Papadimitriu (ambos ya fallecidos), quienes recibieron dineros de Kleinfeld Services y Aeon Group, dos sociedades utilizadas por los operadores de Odebrecht para canalizar los sobornos que repartía la Caja 2 u Oficina de Operaciones Estructuradas.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) February 23, 2026
“Hoy iniciamos la fase final del juicio: los alegatos. El Ministerio Público expondrá con claridad las pruebas reunidas durante años, en un proceso público y riguroso. Ahora corresponde debatir responsabilidad penal y demostrar quiénes previeron el delito, solicitando… pic.twitter.com/m1AESkoS14
Morcillo detalló que las sociedades Duskin, S.A. y Demetering, de la familia Papadimitriu, recibieron transferencias de Odebrecht a través de las sociedades Aeon Group, Kleinfeld Services Ltd y Constructora Internacional del Sur. Otras sociedades de la familia, como Malena Investment y Wallis Holding Corp., también recibieron fondos de la constructora brasileña.
La fiscal también alegó que el exministro Papadimitriu aparece, según registros del Registro Civil, como directivo de Duskin y Demetering.
Además, citó la declaración del brasileño André Luis Campo Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, quien afirmó haber logrado un acuerdo con Papadimitriu, a través de su padre, por un monto de $4 millones, por el cual el exministro habría facilitado su influencia en el gobierno.
Según la fiscal, estos pagos fueron realizados debido al cargo que ostentaba Papadimitriu, quien podía facilitar acciones para favorecer a Odebrecht en grandes proyectos de infraestructura, como la línea 1 del metro, que en aquella época era impulsaba por una secretaría constituida dentro del Ministerio de la Presidencia. Esa megaobra fue adjudicada a Odebrecht.
Morcillo también citó la declaración de Luis Mameri, otro antiguo ejecutivo de Odebrecht, quien en 2008, como vicepresidente de la empresa para América, autorizó los desembolsos a favor de Papadimitriu. Esta transacción pagos indebidos y se gestionó a través del Departamento de Operaciones Estructuradas.
La fiscal concluyó su intervención citando a Olivio Rodrigues, un antiguo operador de la constructora, quien explicó que los pagos recibidos por las cuentas de los Papadimitriu se realizaron poco antes de la adjudicación del proyecto de la línea 1 del metro, sin que existiera ningún contrato formal que justificara esos pagos.
Sobre Cristina Lozano y Francesc Pérez, la fiscal aseguró que la vinculación de los miembros del BPA quedó evidenciada con un informe elaborado por la policía de Andorra, que detalla que entre los años 2010-2014 se dieron graves irregularidades dentro de esa entidad bancaria, y que sorprende que dichas irregularidades no fueran detectadas.
La fiscal aseguró que el informe precisa que Lozano Bonet solicitó la apertura de cuentas en la BPA de Andorra a través de las sociedades Pachira y Menhill, que pertenecen a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente. Ricardo Alberto y Luis Enrique ya fueron condenados por un juez de Brooklyn, por conspiración para blanquear las coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense. En esa causa, ambos confesaron que cometieron los delitos siguiendo instrucciones de su padre.
Ricardo Alberto y Luis Enrique también están acusados en Panamá, pero no son enjuiciados por la juez Marquínez, ya que ambos son diputados suplentes del Parlacen (Ricardo Alberto también lo es de la Asamblea Nacional). Por tanto, es la Corte Suprema de Justicia quien tiene el mandato constitucional para procesarlos.
Morcillo explicó que Lozano, en una ocasión, viajó a Panamá y registró Lodore Foundation, una de las sociedades ligadas a Odebrecht, y que en una declaración tomada al testigo Primo González, éste reconoció que, a petición de Lozano, se constituyó Aeon Group, que luego fue usada para realizar transferencias ordenadas por Odebrecht.
También explicó que el informe de la policía de Andorra reveló que aparecieron cuentas de Mauricio Cort para recibir transferencias de fondos propios, pero que, en realidad, recibía dineros de Odebrecht.
Cort se presentó en el juicio, como testigo de la fiscalía, ya que tiene un acuerdo de pena validado por la juez Marquínez.
En su relato, la fiscal explicó que la vinculación de los directivos de la BPA está confirmada por la declaración de varios colaboradores de la fiscalía, quienes reiteran que estos banqueros eran los gestores de las sociedades que recibieron fondos de la empresa brasileña.
Citó la declaración de Luis Eduardo da Rocha Suárez, quien confirma correos entre ejecutivos de la BPA, entre ellos Francesc Pérez, quienes recibían el 1% de los fondos por la gestión realizada.
También recordó la declaración de Olivio Rodrigues, quien confirmó que Lodore Foundation fue creada en Panamá para el pago de coimas y que su creadora fue Cristina Lozano Bonet.
