La Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht pidió una sentencia condenatoria para 16 personas y la absolución de 5 acusados por el delito de blanqueo de capitales, en el juicio que se lleva a cabo en la sala de la juez Baloisa Marquínez.
Si son encontrados culpables, los acusados enfrentan una pena mínima de 5 años de prisión.
La fiscalía, que este miércoles 25 de febrero terminó con sus alegatos, solicitó condena para el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) y varios de sus ministros, como Demetrio “Jimmy” Papadimitriu (Presidencia), Frank De Lima (Economía y Finanzas), Federico José “Pepe” Suárez (Obras Públicas), Carlos Duboy (Vivienda) y José Domingo Arias (también de Vivienda).
También pidió sentencia en contra de el exdiputado Jorge Alberto Rosas y su primo Juan Carlos Rosas; el excónsul en Corea del Sur, Jaime Lasso; el banquero Juan Antonio Niño Pulgar, y Rodrigo Díaz Paredes, antiguo ejecutivo de la empresa Mundial de Valores.
La lista la completan los peruanos María Isabel Carmona y Gonzalo Valverde; el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira, y los andorranos Cristina Lozano Bonet y Francesc Xavier Pérez Giménez.
En cambio, la fiscalía solicitó la absolución de Aurora Muradas, Navin Bhatka, Michelle Lasso, Rosa Mary Molino y Jaumes Pamies, al considerar que no se podría probar que conocían la procedencia ilegítima de los dineros que recibieron de Odebrecht, sin duda razonable.
Además, anunció que emprenderá acciones de resarcimiento civil contra algunos de los imputados para recuperar los fondos del Estado. El reclamo se sustenta en que utilizaron el sistema financiero panameño para blanquear los fondos. Este requerimiento deberá ser atendido por el juzgado al momento de dictar sentencia.
La fiscalía exigió el resarcimiento civil en representación del Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante en este caso, tras concluir que se causó un daño reputacional al Estado panameño.
Los acusados a los que se les exigió responsabilidad civil son Martinelli Berrocal, Díaz Paredes, Duboy, Niño Pulgar, Suárez, Papadimitriu, Arias, De Lima, Jaime Lasso, Michelle Lasso, Muradas y Bhatka, pese a que para los tres últimos solicitó previamente una absolución del delito de blanqueo de capitales.
También reclama responsabilidad penal para Riccardo Francolini, pese a que este acusado pactó un acuerdo de pena el 21 de enero pasado, cuando ya el juicio estaba en curso (de hecho, inició el 12 de enero).
Más temprano...
La jornada de este miércoles 25 de febrero comenzó con el cierre de los alegatos de la fiscalía, con la petición de condena para el exministro Arias y los dos acusados peruanos.
La fiscal anticorrupción Thalía Palacios solicitó condena para María Isabel Carmona y Gonzalo Monteverde.
Durante la sesión que comenzó a la 1:30 p.m., la fiscal Palacios detalló que, según la declaración de Hilberto Mascarenhas, quien laboró en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, se evidenció que un grupo de personas en diferentes países trabajaba para la empresa, y ubicó a los operadores bancarios Humberto De León y Eduardo Patrao, antiguos trabajadores de Credicorp Bank y Global Bank, respectivamente.
Relató que De León y Patrao gestionaron transferencias a favor de las sociedades El Santuario, Cementerio Centrales, Deltora Enterprises Group, Construmaq S.A., e Izagon, todas ligadas a Carmona y Monteverde, que recibieron fondos de Odebrecht.
Alegó que estos recursos se movieron a través de sociedades como Select Engineering y Constructora Internacional del Sur, ambas controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas.
Arias y la campaña de CD
También solicitó una sentencia condenatoria para el exministro de Vivienda y excandidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD), José Domingo Arias. Para ello, citó la declaración de la publicista brasileña Mónica Moura, quien reveló que el expresidente Martinelli le ofreció $21 millones para que manejara a campaña de CD para las elecciones de mayo de 2014.
La fiscal hizo alusión a la declaración de Moura, quien relató que tenía entendido que el candidato Arias no conocía en detalle los montos manejados por la campaña, y que todo era controlado por Martinelli.
También citó la declaración del brasileño Luis Mameri, quien dijo que realizó pagos a la candidatura de Arias, a través de transferencias utilizando a la sociedad Deltora Enterprises.
Otra declaración que mencionó la fiscal fue la del estratega de campaña João Santana, también de Brasil, quien reveló haber tenido reuniones con diversas personas que manejaban la campaña y que conoció a Arias, pero recordó que el entonces candidato le dijo que él no manejaba esos pagos.
A la vez, citó la declaración de un antiguo operador de Odebrecht, llamado Rodrigo Tacla Durán, quien estuvo en Panamá en 2013-2014 y tuvo conocimiento de que Odebrecht hizo pagos a la campaña de Arias.
Relató que la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A., cuyo destinatario final era el entonces candidato presidencial, recibió fondos de sociedades ligadas a Odebrecht.
Aseguró que, a pesar de las declaraciones de Moura y Santana, Arias conocía las prohibiciones del Tribunal Electoral que impedían la recepción de fondos del extranjero en las campañas electorales. Además, según él, estaba al tanto que los fondos no eran lícitos.
La fiscal sostuvo que Arias recibió fondos a través de la sociedad Allure Consulting and Service, abierta en Antigua y Barbuda, que era manejada por José Porta Álvarez y que luego llegaron a manos del excandidato presidencial.
El turno de la defensa
Ahora que concluyó la fase de alegatos de la fiscalía, correspondió al querellante (que es el Ministerio de Seguridad Pública) y a cada uno de los abogados de los acusados. En total, son 21.
Al querellante dispone de dos horas. En tanto, cada uno de los defensores cuenta con una hora para hacer sus alegatos.
El primer abogado defensor que intervino en esta fase fue el de José Domingo Arias.
