La investigación administrativa que llevaba a cabo la Procuraduría de la Administración por el supuesto desvío de fondos millonarios a juntas comunales controladas por miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) está paralizada desde hace casi siete meses, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un amparo de garantías constitucionales presentado por el director de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Edward Mosley Ibarra.
El amparo ingresó el 29 de mayo pasado al despacho de la magistrada Ariadne Maribel García Angulo.
Once días antes, el 18 de mayo, el procurador Rigoberto González emitió una resolución en la que ordenó el inicio de una investigación, luego de recibir una denuncia por las irregularidades en el uso de fondos públicos, presentada por el abogado Ernesto Cedeño.
“El sistema de justicia debe funcionar y no puede ser que para casos como este, la mediación de justicia no funcione. Tiene todo suspendido... Manda un mensaje funesto. Aquí no hay certeza del castigo. Debe haber rendición de cuentas y las autoridades de control deben funcionar. Si el pleno de la Corte no falla en tiempo oportuno, justicia tardía no es justicia”, dijo Cedeño a La Prensa.
En aquel amparo -presentado a través del abogado Ángel Álvarez-, Mosley Ibarra alega que la Procuraduría de la Administración “carece de competencia para gestionar o iniciar investigaciones preliminares y exigir informes explicativos sobre quejas y denuncias contra funcionarios públicos”.
El abogado Álvaro no trabaja en la AND. La entidad lo contrató por $190 mil, pese a que cuenta con un departamento legal y un equipo de 11 abogados.
Pero el procurador González replicó que múltiples fallos del pleno y la Sala Tercera de la Corte Suprema han reconocido tanto la atribución constitucional como la atribución legal que mantiene la Procuraduría de la Administración para investigar, en el ámbito administrativo, a los funcionarios con mando y jurisdicción.
“No estamos ejerciendo facultades de juzgamiento ni sancionatorios, como se intenta afirmar en el escrito presentado [es decir, el amparo], pues el propósito de la Resolución amparada es el esclarecimiento de los hechos para luego remitir los mismos a la autoridad competente”, señaló González.
Al acoger la denuncia de Cedeño, González solicitó por escrito un informe explicativo a Mosley Ibarra; al contralor Gerardo Solís, y a los ministros Héctor Alexander (de Economía y Finanzas) y José Simpson (de la Presidencia).
Ibarra se ha negado a informar cuáles son los gobiernos locales a los que se les ha transferido recursos, cuántos millones son y cuál es el criterio para entregar los millones. Lo que hasta ahora se sabe es precisamente por la investigación periodística de La Prensa, que reveló que entre el 7 de junio de 2021 y el 23 de junio de 2023, la AND realizó desembolsos por al menos $260.9 millones a juntas comunales afines al oficialista PRD, fuera de la fórmula establecida en la ley de descentralización.
En una declaraciones a Telemetro, Ibarra dijo que presentó el amparo porque el procurador González pretendía “detener” los fondos de las descentralización. En la nota que González envió a Ibarra consta que el procurador únicamente solicitó un “informe” y no ordenó la suspensión de nada.
