El destino de $41.4 millones otorgados por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), entre 2019 y 2024, a través del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), es un misterio.
Así lo afirma la fiscal anticorrupción Digna Castillo, quien explica que en muchas de las diligencias hechas hasta la fecha por su despacho no se han encontrado facturas, recibos ni documento alguno que justifique el destino de estos recursos que debieron ser utilizados para aliviar las carencias de comunidades y dar asistencia a familias necesitadas.
La pandemia de covid-19 se convirtió en la excusa perfecta para el manejo oscuro de millones de dólares que supuestamente fueron entregados para solventar una situación de emergencia nacional y que, paradójicamente, se desconoce adónde fueron a parar. Fue un esquema en el que el dinero fue transferido a gobiernos locales controlados por influyentes diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático y sus aliados.
El PDIS de la AND comenzó a operar y a transferir recursos en el año 2021, en la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024). El programa, que ha sido denominado descentralización paralela, operó hasta 2024.
La fiscal Castillo explicó que hasta ahora su despacho ha recibido un total de 72 informes de auditoría y en 50 de ellos se han detectado juntas comunales con algún tipo de lesión patrimonial que debe ser objeto de investigación.
Castillo fundamenta su aseveración en que durante las investigaciones vinculadas a esas auditorías no se ha ubicado documentación que detalle el destino de los fondos: es decir, no existe nada que justifique la entrega del dinero, solo se ubican los cheques cobrados por funcionarios o empresarios a quienes supuestamente se asignaron proyectos.
También explicó que cuando se hacen inspecciones judiciales a los proyectos, la mayoría están inconclusos o nunca se realizaron.
Hasta ahora la fiscalía ha imputado cargos a 97 personas en 41 casos que se mantienen abiertos, pero estas cifras pueden aumentar significativamente, ya que ese despacho ha recibido un total de 334 denuncias.
Entre esos 97 imputados hay representantes y exrepresentantes de corregimiento, tesoreros, extesoreros y particulares que, en su mayoría, no han podido justificar el destino del dinero entregado a través de la descentralización paralela.
La fiscal Castillo detalló que en estos expedientes o carpetillas existe una multiplicidad de situaciones, desde fondos que supuestamente fueron entregados para ayudas sociales, otros que fueron asignados a proyectos comunitarios o para manejo de las mismas juntas comunales, para contratación o pago de personal sin sustento.
A lo largo de la investigación, la fiscalía también ha encontrado que, en ocasiones, los fondos eran enviados a comunidades que no pertenecían al corregimiento al cual supuestamente estaban destinados, es decir, que no había un control ni supervisión sobre estos recursos.
La trazabilidad de los fondos indica que parte del dinero de la descentralización paralela se destinó a la adquisición de bienes y uso personal.
Hubo juntas comunales, como la Belisario Porras, a la que se destinaron hasta $8 millones. Solo en este caso la fiscalía sostiene que el informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló que algunos funcionarios de la junta comunal recibieron 80, 77, 74, 75 y 43 cheques, respectivamente, por montos que iban desde $130 mil, $117 mil, $107 mil y $86 mil, por supuestos servicios prestados a la Junta Comunal de Belisario Porras.
La auditoría sostiene que $7 millones fueron destinados íntegramente al pago de servicios de los que no existe registro alguno. La fiscalía sostiene que no hay documentos que sustenten esos desembolsos.
La fiscal destacó que en algunos casos existen acercamientos para alcanzar acuerdos de pena, pero que ello está condicionado a la devolución del dinero entregado por parte del Estado y el reconocimiento del delito.
Manifestó que el Ministerio Público ha destinado un equipo de funcionarios y personal técnico para la realización de estas investigaciones.
Datos oficiales de la AND revelan que se detectó la entrega de $320 millones sin algún tipo de sustento a través del PDIS, conocido como la descentralización paralela.
Las 334 denuncias presentadas ante el Ministerio Público hasta la fecha, por el presunto mal uso de fondos, involucran a 257 juntas comunales y 37 municipios, y el monto investigado supera los $213 millones.
La AND trabaja en la recopilación de más información que entregará al Ministerio Público sobre las anomalías encontradas en el manejo de la descentralización paralela.
