La juez de garantías América Vergara revocó una “orden de protección” solicitada por los hermanos Roberto y Ramón Carretero Napolitano, que impedía que la periodista Sabrina Bacal informara sobre las actividades de ambos.
La orden estaba vigente desde el pasado 6 de noviembre, cuando fue dictada por Isela Mela Peralta, fiscal adjunta de la sección de delitos contra la libertad, el honor, la administración de justicia y la personalidad interna del Estado.
Mela estuvo presente en una audiencia de control por afectación de derechos fundamentales, solicitada por Eduardo Guevara, abogado de Bacal, que se celebró este viernes 6 de marzo.
Para asombro de los presentes, la fiscal no se opuso a la suspensión de la orden que ella misma dictó hace cuatro meses, luego de que los Carretero Napolitano alegaran la supuesta existencia de una campaña en su contra.
“En esta audiencia, el Ministerio Público manifestó no oponerse a la solicitud presentada por la defensa. En consecuencia, la juez de garantías decidió revocar la medida de protección cuestionada”, señaló Guevara.
Guevara expuso ante la juez Vergara que la orden de la fiscal es inconstitucional, incumple los estándares nacionales e internacionales y limita el libre ejercicio del periodismo, al imponer restricciones a la labor de Bacal, quien además es articulista de La Prensa, analista política y expresidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP).
“Esta decisión tiene enormes implicaciones en materia de protección a la libertad de expresión, que contiene dos dimensiones: el derecho a informar, por supuesto, pero también a la ciudadanía de ser informada sobre asuntos de interés público”, remarcó.
La orden de protección (ahora suspendida) también imponía restricciones a la labor periodística del venezolano Roberto Deniz, del portal de noticias Armando Info, el sitio Praxis y otros. Todos han sido querellados por los Carretero por presunta calumnia e injuria.
El abogado Eduardo Guevara aseguró que la “orden de protección” dictada por una fiscal, que le prohibía a la periodista @sabribacal informar sobre los hermanos Carretero Napolitano, es inconstitucional y limitaba el libre ejercicio del periodismo. Video: Anel Asprilla pic.twitter.com/LKzHyn8Ki2
— La Prensa Panamá (@prensacom) March 6, 2026
La abogada de los Carretero, Marcela Araúz, estuvo presente en la audiencia y se opuso a dejar sin efecto la medida, alegando que sus clientes no son personalidades públicas, por lo que no había que escribir o informar sobre sus actividades empresariales.
Aquí es importante resaltar que los Carretero han sido importantes contratistas del Estado y han estado acusados en casos de alto perfil, como el de las coimas de Odebrecht. Adicional, en diciembre pasado, fueron incluidos en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus vínculos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano.
Ni uno de los Carretero acudió a la audiencia; Bacal, que actualmente está en el extranjero, siguió el desarrollo de la misma vía Zoom.
El cerco contra el periodismo independiente se estrecha. Los ataques los encabeza el propio presidente Mulino y la respuesta no puede ser sumisión y complicidad. La democracia se debilita cuando el periodismo y el poder duermen en la misma cama. https://t.co/Z6hTddZj2p
— Sabrina Bacal (@sabribacal) November 12, 2025
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La orden de protección había sido muy cuestionada por organizaciones que defienden el libre ejercicio del periodismo, como el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y de Información y el CNP, que en un comunicado conjunto advirtieron que la actuación de la fiscal Mela representaba una amenaza inédita para la profesión y desvirtúa la naturaleza de las normas de protección, un recurso legal diseñado para proteger a las víctimas vulnerables de actos de violencia.
A ambos gremios les sorprendía, además, porque el Órgano Judicial suscribió, el año pasado, las declaraciones de Chapultepec y de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que es un compromiso de defensa de las libertades de prensa y de información.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también había hecho un llamado a las autoridades panameñas a dejar sin efecto de forma inmediata la orden de protección.
“Usar medidas de protección judicial para amordazar el periodismo de investigación es una violación flagrante de los estándares internacionales de libertad de expresión”, advirtió Jose Zamora, director regional para las Américas del CPJ. “El poder judicial panameño debe garantizar que la ley no se utilice para proteger a figuras públicas del escrutinio”.
