La libertad de prensa en Panamá enfrenta una amenaza creciente debido al uso sistemático del acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación, advirtió este viernes 17 de octubre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su 81ª Asamblea General, realizada en República Dominicana.
Según el informe presentado por Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Panamá experimenta un incremento preocupante de demandas civiles y penales, que ponen en riesgo la viabilidad económica de los medios y se convierten en herramientas de censura.
En particular, preocupa que la legislación panameña permita el secuestro de bienes al inicio de los procesos judiciales, sin que se aplique el principio de la “real malicia” que protege el ejercicio periodístico en otros países. Esta situación deja a los periodistas a merced de decisiones arbitrarias por parte de los jueces.
“No se trata solo de una amenaza legal, sino de un riesgo existencial para la prensa panameña y, por ende, para la democracia”, señaló Ramos ante representantes de medios de todo el continente.
De hecho, los bienes y cuentas de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) se mantienen secuestrados desde el 22 de junio de 2020, a solicitud del expresidente Ernesto Pérez Balladares, como parte de un pleito civil que se remonta al año 2012. En el año 2023, el Primer Tribunal Superior revocó una sentencia en la que una juez civil ordenó a Ernesto Pérez Balladares pagar $581 mil en costas y gastos a favor de Corprensa y, en su lugar, condenó a la empresa editorial a indemnizar con $5 mil al expresidente, en concepto de daño moral. Contra esta decisión, ambas partes presentaron recursos de casación. Ahora está pendiente que la Corte Suprema de Justicia resuelva.
Rita Vásquez, de la junta directiva de Corprensa y vicepresidenta para Panamá de la Comisión de Libertad de Prensa, recordó que otro expresidente, Ricardo Martinelli, y su familia llegaron a presentar hasta 30 querellas penales. Solo Corprensa acumuló hasta $60 millones en demandas civiles, “invirtiendo cientos de miles de dólares en defensa y en momentos en que la finanzas no son saludables”.
Vásquez contó que el actual gobierno que encabeza José Raúl Mulino ya empieza a mostrar una “tendencia” a castigar a aquellos periodistas que no opinan o no están de acuerdo con la agenda presidencial.
“Hemos visto desde ataques de furia, insultos en la conferencia de prensa semanal del presidente a los periodistas y a los medios. Ayer arrancó su conferencia de prensa atacando a La Prensa. En ocasiones anteriores a atacado a periodistas de medios como La Estrella, por ejemplo", contó Vásquez y agregó que ese “castigo” ya se empieza a reflejar en el reparto de la publicidad estatal.
De modelo a ejemplo negativo
El informe también destaca con inquietud el deterioro del clima para el periodismo en Estados Unidos.
Aunque históricamente ha sido un referente de libertad de expresión, en el último periodo se registraron 97 agresiones contra periodistas, principalmente durante protestas relacionadas con temas de inmigración.
Además, persisten amenazas estructurales desde el poder político.
El presidente Donald Trump ha comparado a los periodistas con terroristas y ha sugerido medidas extremas como la revocación de licencias a cadenas televisivas críticas. A esto se suman restricciones como el condicionamiento de visas a corresponsales extranjeros, demandas multimillonarias contra medios (solo al New York Times le reclama $15,000 millones) y, en un hecho particularmente alarmante, exigencias del Pentágono de revisar previamente ciertas publicaciones.
“La situación en Estados Unidos es preocupante no solo por lo que representa internamente, sino porque puede ser imitada por líderes autoritarios en la región”, advirtió Ramos en la lectura de su informe.
Violencia, censura y desplazamientos
A nivel regional, el panorama es igualmente desalentador. La SIP documentó un aumento de la violencia, hostigamiento oficial, censura digital y presiones económicas en casi todos los países del continente, desde Canadá hasta Argentina.
En Perú, se vivió uno de los años más violentos en décadas, con dos periodistas asesinados y agresiones provenientes incluso de funcionarios. En El Salvador, más de 40 comunicadores se han visto obligados a desplazarse, una tendencia que recuerda lo ocurrido anteriormente en Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde el periodismo independiente ha sido prácticamente desmantelado.
El hostigamiento oficial desde las más altas esferas del poder también fue identificado como un fenómeno estructural. En Argentina, el presidente Javier Milei ha hecho de la descalificación hacia periodistas una estrategia política; en Colombia, Gustavo Petro ha lanzado acusaciones infundadas, y en Costa Rica, el propio presidente Rodrigo Chaves debió moderar su discurso tras una orden judicial por el uso de insultos como “sicarios” contra la prensa.
🔵📣 #SIP2025 | Inició la 81ª Asamblea General de la SIP en Punta Cana.
— SIP • IAPA (@sip_oficial) October 16, 2025
💬A continuación, el discurso completo del presidente de la organización, José Roberto Dutriz👉🏼 https://t.co/rGgtRn03q3 pic.twitter.com/xHa39FrCJk
A nivel digital, se reportaron bloqueos, ataques coordinados y censura indirecta mediante restricciones en redes sociales, como en Venezuela, Brasil y Ecuador. Además, la manipulación de la publicidad estatal continúa siendo una herramienta de presión en países como México, Guyana, Costa Rica y Argentina.
Países con crisis extrema
El informe reserva sus mayores alertas para Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, donde la libertad de prensa atraviesa una crisis severa o ha sido directamente desmantelada. Desde periodistas encarcelados y webs bloqueadas hasta leyes represivas y vigilancia estatal, el periodismo independiente prácticamente ha desaparecido en estos contextos.
En Haití, la anarquía y la violencia han hecho prácticamente imposible el trabajo periodístico, mientras que en Canadá, Uruguay y Puerto Rico, aunque no se registran agresiones graves, persisten desafíos como la opacidad institucional y restricciones al acceso a la información pública.
