Otras cuatro opiniones de los procuradores de la Nación, Javier Caraballo, y de la Administración, Rigoberto González, −en las que se advierte de la inconstitucionalidad de la Ley 406 que adoptó el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.,− fueron enviadas este martes 14 de noviembre a la Corte Suprema de Justicia.
Caraballo reiteró su opinión de que la Ley 406 viola el artículo 19 de la Constitución, el cual establece que “no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. A juicio del procurador general de la Nación encargado, el controvertido contrato infringe ese artículo “al establecer privilegios por permitir que a la Minera Panamá se le exonere de contribuciones a terceros a su libre arbitrio”.
La opinión está contenida dentro de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los abogados Efraín Eduardo Cajar González, Estudio Jurídico Cedeño y Roberto Ruiz Diaz.
Por su parte, el procurador González reiteró su concepto de inconstitucionalidad de la Ley 406 dentro de la demanda interpuesta por el abogado Elvis Polo Vargas.
Con estas opiniones vertidas por Caraballo y González se da contestación a las nueve demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Suprema contra la Ley 406.
Ahora la Corte debe cumplir con la formalidad de abrir un periodo de 10 días para que cualquier interesado presente alegaciones sobre la constitucionalidad de las demandas presentadas; vencido este término el magistrado sustanciador de la primera demanda recibida deberá realizar un proyecto de fallo que deberá circular entre los otros ocho miembros del pleno de la Corte Suprema.
La aprobación de la Ley 406 por parte de la Asamblea Nacional y su ratificación por el Órgano Ejecutivo han provocado una serie de protestas callejeras en todo el país, lo que obligó al Gobierno de Laurentino Cortizo a decretar una moratoria de las explotaciones mineras metálicas.
Hay que recordar que el contrato con Minera Panamá fue autorizado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; refrendado por el contralor de la República Gerardo Solís el 13 de octubre; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y, finalmente, aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.
