La magistrada Ángela Russo será la encargada de la tramitación de la demanda de inconstitucionalidad presentada el pasado lunes 3 de febrero contra el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC).
En un reparto electrónico realizado en secretaría de la Corte correspondió a Russo conocer de la demanda interpuesta por los abogados Julio Macías y Norman Castro contra la Ley No. 5 de 16 de enero 1997 por la cual se aprueba un contrato entre el Estado para la operación de dos puertos.
También se informó que se le corrió traslado al procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, para que emita su opinión sobre los argumentos contenidos en la demanda.
Luego que el procurador Goméz emita su opinión, la secretaría de la Corte abrirá un término de 10 días para que los interesados emitan una opinión relacionada con la demanda interpuesta.
El recurso plantea que el contrato suscrito entre PPC y el Estado violó los artículos 1 y 2 de la Constitución, ya que dispone que el Estado debe consultar y requerir aprobación previa a la empresa para otorgar cualquier concesión futura sobre terrenos del Estado.
Según los demandantes, lo anterior atenta contra la soberanía que ejerce el Estado panameño sobre todo su territorio, el cual sólo puede estar sujeto a su gobierno y no debe requerir consentimiento ni aprobación previa de ninguna entidad privada para disponer de los bienes de su propiedad.
La demanda también sostiene que el citado contrato violó el artículo 19 de la Constitución en el que se establece que no habrá fueros ni privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas, ya que a Panamá Ports se le asignan una serie de privilegios o concesiones, entre las que se encuentran exoneraciones de todo impuesto, contribución, tasa o derecho de importación sobre todos los equipos y de todo impuesto de dividendos provenientes de las actividades contempladas en el contrato, entre otros.
