Le corresponderá al magistrado Cecilio Cedalise, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, determinar la legalidad de las liquidaciones por mutuos acuerdos a favor de gerentes y personal de confianza de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que en un reparto celebrado el pasado viernes le tocó a Cedalise tramitar la solicitud de viabilidad hecha por el contralor Gerardo Solís, a fin de determinar si son legales o no los acuerdos a favor de al menos 14 personas, incluyendo Carlos Mosquera y Óscar Rendoll, gerente general y subgerente, respectivamente, hasta el 30 de junio pasado. Como gerente general interino fue designado Víctor González, hasta que sea ratificado en ese cargo Roy Morales.
Se informó que el recurso presentado por Solís se encuentra en trámite y que el magistrado Cedalise ya está analizando las normas jurídicas que regulan el período de los funcionarios en las empresas mixtas (como Etesa) para elaborar un proyecto y presentarlo al resto de los miembros que componen la Sala Tercera.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó que no es “jurídicamente viable” que los miembros de las juntas directivas de las empresas mixtas autoricen mutuos acuerdos contrarios a las disposiciones contenidas en la ley. Por tanto, según Gonzalez, estos funcionarios de confianza no tendrían derecho a una indemnización por el cese de sus funciones.
La opinión de González se produjo a raíz de una consulta realizada por el exministro de Comercio e Industrias Jorge Rivera Staff, quien presidió la junta directiva de Etesa cuando esas liquidaciones fueron autorizadas. Rivera solicitó determinar los alcances de la Ley 24 de 2014, que regula los períodos de los funcionarios dentro de las instituciones públicas.
En su escrito de contestación a Rivera, González alegó que los gerentes generales y demás miembros de la alta gerencia de las empresas mixtas tienen el carácter de funcionarios regidos por el derecho administrativo y no están llamados a sostener una relación laboral por tiempo indefinido enmarcada en el Código de Trabajo.
Etesa envió para refrendo de Contraloría una solicitud para liquidar a Mosquera, quien recibirá una indemnización de $249,195. Mosquera ya gana un salario de $14,315 al mes, más del doble de lo que recibe el presidente de la República, ministros y diputados.
Rendoll, por su parte, pactó un mutuo acuerdo de $306,615.
En total, La Prensa contó indemnizaciones por mutuo acuerdo a favor de 14 funcionarios, lo que en total representa un gasto de $1.6 millones.
El presidente José Raúl Mulino solicitó a la Contraloría que no refrendara estos mutuos, por considerar que son un abuso al manejo de los fondos públicos.
