El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Oliva continuará detenido, luego que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la decisión asumida por un juez de garantías el pasado 31 de mayo.
La decisión adoptada de manera unánime por los magistrados, establece que los argumentos presentados por la Fiscalía Anticorrupción indican que el exfuncionario no pudo justificar la suma de $937 mil que se le atribuyen como enriquecimiento injustificado.
En su decisión, los magistrados estimaron que la medida cautelar aplicada a Oliva es cónsona con la gravedad del delito investigado y que se cometió cuando se desempeñaba como funcionario.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción surgió a raíz de un informe de auditoría realizada por la Contraloría General de la República en septiembre de 2025, que arrojó un diferencial de $937 mil con relación al monto devengado como funcionario, tras la culminación de su gestión.
Oliva fue aprehendido el pasado 31 de mayo cuando se encontraba en una playa de la provincia de Coclé y fue trasladado a la ciudad de Panamá para enfrentar el cargo de enriquecimiento injustificado.
La fiscalía logró aportar una serie de evidencias en las que supuestamente el exfuncionario no pudo justificar la procedencia de estos fondos
El exdirector de la AIG mantiene otro proceso en curso por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, usada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario. Por este caso también están investigados los empresarios Budy y Ralph Atie y la abogada Janice Becerra.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los imputados incurrieron en un presunto peculado, asociación ilícita para delinquir y corrupción, al utilizar las plataformas de la AIG para el manejo de fondos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a pesar de que la empresa Fintek Corp., a la que se asignó la administración de la plataforma “Listo” —usada para la entrega de ayudas estatales durante la pandemia de la covid-19— no tenía contrato con el Estado.
Los abogados defensores de los investigados alegan que los cargos presentados por la Fiscalía Antucorrupción son infundados ya que todo se trató de un negocio y que no existio nada ilícito.
Oliva fue director de la AIG durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) y diseñó una plataforma para la entrega de ayudas económicas durante la pandema de Covid-19.
