El expresidente Ricardo Martinelli logró mantener el secuestro de cuentas bancarias y bienes de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell, hasta por la suma de $120 mil.
En un fallo del pasado 21 de noviembre, el Primer Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Miguel Espino, confirmó las decisiones del Juzgado Tercero de Circuito Civil del 9 de marzo del 2020 y 22 de junio del 2020, con las que se ordenó el mencionado secuestro.
La exprocuradora apeló ambas resoluciones, argumentando que las demandas de Martinelli están motivadas por actuaciones que ella emprendió en 2019, cuando se desempeñaba como procuradora. También alegó que ni a título personal ni en calidad de procuradora, dañó la honra y el decoro del expresidente, como este alega en sus reclamos.
Además, manifestó que los tribunales civiles no son competentes para conocer de estos procesos, ya que al tratarse de sus actuaciones como funcionaria, estos debían diligenciarse a través de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia.
La sentencia
En el fallo, los magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia alegaron que los recursos promovidos por Martinelli se fundamentan en declaraciones de Porcell a título personal y no producto de un acto administrativo propio del cargo que desempeñaba, por lo que no se le puede aplicar el artículo 1645 del Código Civil en el que se dispone que el Estado será responsable cuando el daño sea producto de la actuación de un funcionario.
Por tanto, argumentaron, el Juzgado Tercero Civil es competente para tramitar las demandas.
En enero de 2020 Martinelli presentó dos querellas penales contra Porcell, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y por calumnia. El caso ha dado vueltas en los tribunales en los últimos dos años.
En julio de 2020, el Juzgado Tercero Civil, a cargo de la jueza Ana Zita Rowe, aseguró que carecía de jurisdicción para llevar el proceso y que el mismo era competencia de la Sala Tercera.
Sin embargo, la defensa de Martinelli apeló y el Primer Tribunal Superior ordenó al juzgado admitir el proceso.
Durante la administración de Porcell, el Ministerio Público abrió una serie de proceso penales contra varios de ministros, colaboradores y familiares de Martinelli, por presuntos actos de corrupción, como el de los sobornos de Odebrecht, donde tanto el expresidente como sus dos hijos serán enjuiciados. Como Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano cuando Porcell era procuradora, sus casos eran remitidos a la Corte Suprema de Justicia.
