A partir de este lunes 4 de julio la Segunda Oficina Judicial del Primer Circuito Judicial pone en marcha un plan de contingencia, a fin de acortar los calendarios de los juicios orales, ya que existen algunos pautados para, incluso, 2024.
Para tratar de frenar este rezago en las audiencias, que provoca justicia tardía, se habilitarán seis salas de audiencia en las nuevas instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicadas en el edificio 727, en Balboa, Ancón, en donde se tiene proyectado celebrar entre 15 y 17 juicios orales por semana, incluyendo los días sábados en horario regular.
Según un boletín informativo del Judicial, que atribuye lo ocurrido a la “alta litigiosidad”, la realización de juicios orales los sábados será por el término de tres meses. Pero posterior a este período se espera celebrar 15 juicios orales por semana, lo que representaría un promedio de 60 juicios por mes.
También en la provincia de Chiriquí arrancó una iniciativa similar para la celebración de juicios y audiencias de formulación de acusación. La celebración de juicios se inició el pasado 23 de junio para personas que se encuentran detenidas y las audiencias de acusación empezaron un poco antes: el 13 de junio.
Se espera celebrar unas 50 audiencias de acusación con privados de libertad y unos 48 juicios orales en tres meses.
Para tal efecto, funcionarán los días viernes dos tribunales de manera simultánea, y en caso de extenderse los juicios se sesionará los días sábados. Se fijarán, además, dos juicios para el sábado, que pueden tramitarse en un solo día.
Este programa es para todo el país.
En Veraguas, por ejemplo, el plan empezó el pasado 23 de mayo, de lunes a sábado, y finalizará el 22 de agosto de 2022. Respecto a esta iniciativa, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, aseguró que ahora habrá una presión mayor sobre jueces y funcionarios judiciales. Advirtió que tener al personal haciendo varias audiencias diarias, incluso los fines de semana, puede generar un agotamiento.
Mientras que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, refirió que en su firma tiene varios procesos judiciales con fecha de juicio para 2023 y 2024, lo que consideró injusto tanto para la víctima del delito como para el acusado.
Morán señaló que muchos procesados mantienen medidas cautelares por meses y hasta años sin que haya una resolución del caso y que algunas víctimas se cansan y desisten del proceso.
Un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario al cierre de mayo de 2022 revela que de los 20 mil 554 privados de libertad, el 65% (13 mil 324) está condenado y el otro 35% (7 mil 230) espera que se resuelva su caso.
Esta relación entre condenados y procesados ha cambiado en los últimos años. Por ejemplo, en 2015, más del 60% de la población penitenciaria estaba detenida en espera de una condena.
Uno de los factores que ha originado la disminución es la implementación del SPA, a partir de 2016, que permite la solución alterna de conflictos entre las partes.
Ello ha propiciado que cambie la relación entre condenados y procesados. Pero no se ha frenado la gran cantidad de privados de libertad pese que el nuevo sistema penal acusatorio establece que la detención preventiva es uno de las últimas medidas a considerar por parte de los jueces.
También el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, calificó esta situación como una violación de los derechos de las víctimas y de los procesados.
Leblanc dijo que solicitará al Pacto de Estado por la Justicia analizar esta situación y recomendar posibles alternativas.
