Ricardo Martinelli Berrocal insiste en que se le ha violado el principio de especialidad consignado en el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, razón por la cual solicitó la nulidad de todo lo actuado en el juicio que se lleva a cabo por los sobornos que Odebrecht repartió durante su gobierno (2009-2014).
La jornada de este viernes 27 de febrero de 2026 inició con el alegato de Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, quien empezó por mostrar una nota de Fernando Gómez Arbeláez, director de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que indica que en su despacho no consta ninguna solicitud para “levantar” el principio de especialidad.
Esa nota tiene fecha del 11 de julio de 2024; 11 días antes, José Raúl Mulino había tomado posesión como gobernante y Javier Martínez Acha había sido designado canciller. Ambos son cercanos a Martinelli.
No es la primera vez que la defensa de Martinelli alega violaciones al referido principio. De hecho, esto ya se le planteó a la juez Baloisa Marquínez en la audiencia preliminar. Entonces la juez rechazó de plano estas pretensiones, alegando que ya se había pronunciado al respecto en el año 2022, decisión que incluso fue revisada por tribunales de mayor jerarquía.
Estados Unidos, que extraditó a Martinelli a Panamá en el año 2018, también ha dicho —a través de su embajada y del Departamento de Estado— que a Martinelli no le es aplicable el principio de especialidad, dado que lo perdió cuando, en el año 2019, le fueron levantadas unas medidas cautelares de impedimento de salida del país y viajó fuera del territorio nacional.
Carrillo también cuestionó la idoneidad de Marquínez para enjuiciar a Martinelli, alegando que está nombrada como “jueza adjunta ad honorem”.
Acto seguido, reclamó que se están utilizando pruebas enviadas por Brasil, a pesar de que, en el año 2024, el juez José Diaz Toffoli anuló las pruebas aportadas por los delatores de Odebrecht, una decisión que ha sido muy cuestionada en ese país, pero de la que se ha aprovechado Martinelli y el también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), otro acusado por este caso que deberá ser enjuiciado por la Corte Suprema, ya que la juez Marquínez no tiene competencia porque ahora es parlamentario centroamericano.
Martinelli sigue el desarrollo del juicio a través de la plataforma Zoom, desde Colombia, donde se asiló para no cumplir una condena de prisión por blanqueo de capitales, por otra causa ocurrida durante su mandato: la compra de las acciones de Epasa con fondos públicos, caso denominado New Business.
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