La juez penal Águeda Rentería validó los acuerdos pactados por la Fiscalía Especial Anticorrupción con Mauricio Cort y Jorge “Churro” Ruiz, dos de los nueve acusados por los sobrecostos en los contratos de remodelación del Casco Antiguo y de la vía Domingo Díaz, adjudicados a las constructoras Odebrecht y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El acuerdo de colaboración y de pena con Ruiz fue validado el pasado 2 de marzo, el mismo día que inició el juicio por presunto peculado. El de Cort, que es de colaboración, fue formalizado antes. Los detalles se desconocen, aunque ha trascendido que el de Ruiz conlleva una pena de prisión.
Ruiz (que tiene una condena por blanqueo de capitales en el caso Blue Apple, también por la vía de un acuerdo de pena) fue director de proyectos especiales en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Cort, que además es delator de la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos de Odebrecht, es identificado como testaferro.
De ese modo, el juicio, que este lunes 9 de marzo entró a su segunda semana de desarrollo, avanza con siete acusados: el exministro Federico José “Pepe” Suárez, Gonzalo de la Rosa, Sergio Del Sour, María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo y Juan Manuel Vásquez.
Los cuatro últimos eran los integrantes de la comisión evaluadora de contratos en el MOP.
Este lunes culminó la presentación de testigos y peritos. La jornada inició a las 9:00 a.m., con la declaración de Rolando Boyce y Virgilio Chacón, dos funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), que participaron en la ampliación de un informe de auditoría a los dos contratos.
Boyce y Chacón habían declarado con anterioridad, pero ahora regresaron a la sala a solicitud de la abogada Raisa Bernal, que defiende al acusado Halphen. Rindieron testimonio de manera conjunta.
La ampliación de la auditoría tenía el propósito de verificar la fase de ejecución de ambos proyectos. Boyce y Chacón declararon que todo se había llevado a cabo conforme se pactó en los contratos. Sin embargo, estos señalamientos no tienen impacto alguno en la teoría del caso planteada por la fiscalía: que el sobrecosto se pactó desde la etapa precontractual.
Al respecto, ejecutivos de FCC ya confesaron que la empresa pagó coimas sobre la base del 10% de los contratos adjudicados por el MOP entre 2009 y 2014 para el reordenamiento vial en la capital.
Antes de mediodía concluyó la etapa de las pruebas testimoniales y periciales, por lo que la juez Rentería declaró un receso hasta el martes 10 de marzo, cuando inicia la etapa de alegatos.
Primero, la juez escuchará los alegatos de la fiscal Ruth Morcillo; luego, del querellante del Estado, representado por el Ministerio de Seguridad Pública, y por último, de cada uno de los siete acusados. Los dos primeros serán los abogados Rosendo Miranda y Carlos Burgos, defensores del exministro Suárez y de María González, respectivamente.
La fase de alegatos podría extenderse hasta el miércoles y ese mismo día concluiría este juicio.
El proyecto de preservación del Casco Antiguo, adjudicado al consorcio formado por Odebrecht y FCC por casi $255.5 millones, presenta un presunto sobreprecio de $51.5 millones, de acuerdo con la auditoría oficial de CGR.
En tanto, el contrato de la ampliación Domingo Díaz fue por $237.5 millones y la Contraloría calculó el sobrecosto en $47.3 millones.
