La morgue judicial, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se encuentra en apuros, ya que se ha quedado prácticamente sin espacio para atender el creciente número de casos judiciales relacionados con muertes violentas que debe atender.
Vicente Pachar, director del Imelcf, reveló que en la morgue judicial existen unos 60 cuerpos no reclamados que han sido colocados dentro de un contenedor refrigerado que está ubicado a un costado de la morgue judicial, debido a que no cuentan con espacio suficiente para mantenerlos dentro las instalaciones.
En este lugar- aseguró- existen cuerpos que tienen más de un año de permanecer en la morgue judicial sin ser reclamados. Se trata de cuerpos de personas fallecidas por como resultado de hechos violentos, ya sea crímenes o accidentes de tránsito.
Reconoció que esta es una situación que puede degenerar en un problema de salud pública si no se atiende de una manera rápida y efectiva que permita la disposición de los cadáveres de forma correcta y respetuosa.
Pachar advirtió que la morgue judicial de la ciudad de Panamá se encuentra saturada y que se hace necesario ubicar un cementerio en los distritos de Panamá y San Miguelito para poder realizar sepelios de solemnidad.
Explicó que el Imelcf mantenía un convenio con el Municipio de Panamá para realizar entierros de solemnidad en el cementerio de Utive, en Pacora, pero dicho acuerdo no ha sido renovado.
Informó que están trabajando en acuerdo con el Municipio de San Miguelito para realizar sepelios de solemnidad en alguno de sus cementerios, pero esto no se ha concretado aún.
Para el año 2025, el Imelcf cuenta con un presupuesto de$73.3 millones que está destinados, en gran parte, a funcionamiento y a la realización de algunas obras para el mejoramiento de la atención de los usuarios de la administración de justicia. Otra porción de los fondos estará destinada a la compra de equipo y reactivos para la realización de pruebas forenses e investigaciones judiciales.
El Imelcf también se encarga de practicar las pruebas de ADN en casos de paternidad e identificación de personas en circunstancias en que su reconocimiento es difícil, como los registrados durante la invasión de diciembre de 1989 y personas desaparecidas durante la dictadura militar.
La morgue judicial opera en el edificio 257 en las antiguas instalaciones del Hospital Gorgas y fue asignada al Imelcf en el año 2000 de manera gratuita.
