ESTADÍSTICAS OFICIALES

Más de un millar de menores, procesados

La gran mayoría de los adolescentes que están detenidos en el país han incurrido en robos o hurtos. Otros lo están por homicidios.

Temas:

Mil 69 menores de edad están sometidos a procesos penales en el país, según cifras del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno.

Los seis centros de custodia y cumplimiento que operan en el país recibieron este año a 449 jóvenes, mientras que otros 620 cumplen medidas cautelares fuera de los centros, como alternativa que ofrece la ley.

Según las estadísticas, ingresaron 101 menores al Centro de Cumplimiento de Pacora; 175 al Centro de Custodia de Arco Iris (Tocumen); 7 a la Residencia Femenina (Tocumen); 45 al Centro de Cumplimiento Basilio Lakas (Colón); 42 al Centro de Cumplimiento de Herrera, y otros 79 al Centro de Cumplimiento Aurelio Granados (Chiriquí).

Los jóvenes infractores del país tienen entre 15 años y 18 años. El 52% de ellos cumple condenas o son procesados por delitos contra el patrimonio económico (robo o hurto), y 29% por delitos contra la vida e integridad personal (homicidios).

Los involucrados en delitos contra la seguridad colectiva (posesión de armas) representan el 9% y el resto está por delitos sexuales y privación de libertad. 

En 2015, mil 115 menores de entre 15 y 17 años fueron detenidos por homicidios, tráfico de drogas y delitos contra la libertad. 

ROBOS Y HURTOS, CON MAYOR INCIDENCIA EN MENORES

A un poco más de 30 kilómetros al este de la ciudad de Panamá se encuentra el Centro de Cumplimiento de Menores de Pacora, casa de quienes desde una corta edad ya están vinculados con diversos delitos.

La primera impresión al entrar al recinto es como estar en un internado estudiantil. Los jóvenes uniformados caminan libremente por las instalaciones e incluso se ven entusiasmados al recibir clases.

Sin embargo, la realidad no tarda en aparecer cuando al adentrarse un poco más en el centro se pueden observar celdas enrejadas en vez de dormitorios comunes, oficiales de seguridad y un pequeño edificio identificado con el nombre de “fármaco dependientes”.

El Centro de Custodia de Pacora es una de las seis instalaciones para menores infractores que existen en el país y en donde, según su directora, Lidia Castañeda, están recluidos 123 jóvenes.

El Centro de Custodia Arco Iris y la Residencia Femenina; el Centro de Custodia Basilio Lakas; el centro de Herrera y el Centro de Cumplimiento Aurelio Granados son otras de las correccionales del país.

La mayoría de  artículos que elaboran los jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Pacora son subastados. Expandir Imagen
La mayoría de artículos que elaboran los jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Pacora son subastados. LA PRENSA/Roberto Cisneros

POBLACIÓN

Ema Alva Tejada, directora nacional del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) del Ministerio de Gobierno, explicó que este año han ingresado a los diferentes centros de cumplimiento un total de 449 jóvenes.

Mientras que otros 620 menores se encuentran cumpliendo con otro tipo de medida socioeducativa alternativa a la ley.

“Estas medidas las determinan los jueces, luego de una evaluación del delito, la condición y el entorno del joven”, explicó Tejada, quien, a su vez, informó que estas normas pueden presentarse cada cierto tiempo ante el IEI, como la obligatoriedad de asistir a la escuela y a un programa determinado.

DELITOS

Las estadísticas que maneja el IEI dan cuenta de que el 52% de los menores infractores tiene condenas por delitos contra el patrimonio económico –robo y hurto–, mientras que otro 29% por delitos contra la vida e integridad personal, –entre estos, homicidios–.

Los involucrados por delitos contra la seguridad colectiva –posesión de armas– representan el 9%. Otro 8% está en prisión por delitos contra la integridad sexual, específicamente violación sexual; y la minoría (2%) por delitos contra la salud pública –posesión y tráfico de drogas–, y delitos contra la libertad –entre estos, secuestros–.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República revelan que unos mil 115 menores de entre 15 años y 17 años fueron detenidos en 2015 por delitos contra la libertad; posesión, uso y tráfico ilegal de drogas y armas; violación sexual, delitos contra la vida y la integridad personal; y por robo, hurto estafa y perjuicios a la propiedad.

PERSONAL Y TALLERES

Cada centro de cumplimiento cuenta con la colaboración de profesionales del Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Educación (Meduca) y del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para atender las necesidades de los jóvenes infractores; además de los custodios, que son capacitados en la Academia de Formación Penitenciaria.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Fundación Jesús Luz de Oportunidades, la Embajada de Estados Unidos y la Unión Europea son otros organismos que cooperan con los centros de cumplimiento.

En cuanto a los talleres, son diversas las opciones que se ofrecen a los jóvenes en conflicto con la ley, para que desarrollen habilidades y las apliquen en la sociedad una vez hayan cumplido sus condenas.

Pintura, serigrafía, mecánica, panadería, tapicería, artesanía, informática y construcción son las áreas en las que estos adolescentes se especializan día a día, con la ayuda y guía de profesores del Inadeh.

Estos talleres son dictados al mismo tiempo mientras que los menores reciben educación básica.

Las clases de educación básica son obligatorias. Expandir Imagen
Las clases de educación básica son obligatorias. LA PRENSA/Roberto Cisneros

CENTRO DE TRANSICIÓN

Cumpliendo con la Ley 40 de 1999, que establece el régimen de responsabilidad penal para la adolescencia, la edad de los menores infractores está entre 15 años y 18 años. Este grupo etario está bajo el mando del Instituto de Estudios Interdisciplinarios.

Mientras tanto, los infractores en edades entre 11 años y 14 años están a órdenes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), pero esa entidad autónoma no aplica ningún tipo de medida punitiva, solo brinda seguimiento educacional. 

Pero, ¿qué pasa con los jóvenes que cumplen la mayoría de edad y aún tienen parte de la condena pendiente?

La directora nacional del IEI explicó que muchos de los jóvenes en esta situación son trasladados a los centros penitenciarios para adultos, como La Joya o La Joyita, una medida que tanto Tejada como directores de los diferentes centros de cumplimiento consideran errada.

En vista de esta situación, el Ministerio de Gobierno autorizó el año pasado la construcción de un centro de transición, con el objetivo de que los jóvenes que alcancen la mayoría de edad terminen de cumplir la pena otorgada por los jueces en ese lugar.

La obra, cuya construcción ya comenzó, estará en el mismo recinto del Centro de Pacora y cuenta con una inversión de $5.2 millones. Se prevé que esté lista a principios del año 2018.

El centro estará diseñado para 108 jóvenes y tendrá garita de control, un edificio de admisión y vigilancia, edificio de visitas generales, área de administración, clínica, edificio escolar, lavandería, cocina-comedor, dormitorios para custodios, tres pabellones para alojamiento de los jóvenes, canchas multiusos y talleres, entre otros. Tanto el diseño como la construcción de este centro deberán responder al sistema de funcionamiento del IEI, con base en la experiencia del Centro de Cumplimiento de Pacora.

Los jóvenes que mantengan buena conducta pueden recibir una reducción a la pena otorgada. LA PRENSA/Roberto Cisneros Expandir Imagen
Los jóvenes que mantengan buena conducta pueden recibir una reducción a la pena otorgada. LA PRENSA/Roberto Cisneros LA PRENSA/Roberto Cisneros

‘PRIVACIÓN DE LIBERTAD COMO ÚLTIMA MEDIDA’

La Ley 40 de 1999 establece que la pena máxima para los menores infractores es hasta 12 años; sin embargo, no siempre fue así.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y colaboradora de dicha ley, aseguró que en un principio la pena máxima para estos jóvenes era hasta de cinco años.

De acuerdo con Arosemena, esta ley ha tenido al menos siete modificaciones y todas fueron dirigidas a aumentar los años de las penas e incrementar el número de delitos por los que los jueces pueden dictar privación de libertad o detención preventiva durante el proceso.

La exmagistrada indicó, sin muchos detalles, que presentará una acción de inconstitucionalidad a las reformas de las penas.

“La privación de libertad es y debe ser la última medida que se aplique, particularmente en los adolescentes, pero eso no quiere decir que si se cometen hechos delictivos no deban ser procesados (...) eso es diferente”, afirmó Arosemena.

Asimismo, hizo hincapié en que durante el tiempo en que el joven esté privado de libertad se le tiene que garantizar protección, educación y prepararlo para que se reintegre a la sociedad.

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