El Ministerio Público (MP) deberá develar el próximo 28 de julio, durante una audiencia intermedia, todas las pruebas encontradas durante la investigación por presunto fraude perpetrado contra veteranos de guerra de Estados Unidos, en las que están imputados Walter Kravcio, Javier Alvarado y Marianela Martínez.
En esa audiencia, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la defensa de los imputados deberán presentar ante un juez de garantías las evidencias que podrán ser usadas en un juicio en el que se determinará si se cometió un delito.
Por este caso ya el médico Rolando Chin alcanzó un acuerdo de pena de 18 meses de prisión. Esta pena puede ser sustituida por el pago de una multa o trabajo comunitario.
En 2023, el Ministerio Público ordenó la detención de Kravcio y Alvarado señalados como los presuntos responsables del fraude cometido en perjuicio de veteranos de guerra de Estados Unidos.
Kravcio, Alvarado y algunos de sus negocios y sociedades están en la lista de 36 proveedores médicos en Panamá que han sido suspendidos del programa VA, por supuesto fraude en perjuicio de veteranos estadounidenses.
A ambos médicos se les concedió una medida cautelar de arresto domiciliario con posibilidad laboral que les permite continuar atendiendo sus consultas.
La fiscalía también mantiene pendiente la imputación de otras 25 personas que aparecen como vinculadas en el esquema de fraude —duplicidad de servicios— que, según las investigaciones, pudo ocasionar un perjuicio de hasta $1 millón al sistema de seguro usado por los veteranos de guerra.
En octubre de 2024, 36 proveedores médicos en Panamá fueron suspendidos del Programa Médico Extranjero del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos, tras una investigación por supuesto fraude en perjuicio de veteranos estadounidenses, a quienes presuntamente se les cobró por servicios médicos que no recibieron.
Las medidas fueron adoptadas por el Programa Médico del Departamento de Asuntos de los Veteranos para proteger a los veteranos de posibles fraudes, abusos y despilfarro de recursos. Aunque la suspensión de estos proveedores es una medida sin precedentes, se advirtió que podrían ser inhabilitados permanentemente, lo que protegería el interés público y evitaría futuros fraudes contra estos programas dados a los veteranos y el gobierno federal.
