La Fiscalía Anticorrupción continuó ayer, lunes 13 de abril, con las entrevistas a las auditoras que elaboraron un informe de auditoría en la investigación que se adelanta contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo por supuesto enriquecimiento injustificado.
La misma había sido suspendida el pasado jueves, cuando funcionarios de la Contraloría General de la República se apersonaron a ese despacho judicial e interrumpieron la diligencia.
Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que las auditoras acudieron ayer a la fiscalía para concluir con la diligencia y responder a las interrogantes sobre el análisis realizado a las cuentas y bienes del exvicepresidente Carrizo.
También se informó que la diligencia se realizó previa citación hecha por la fiscalía, efectuada a través de los conductos formales utilizados para este tipo de actuaciones.
El pasado viernes, el contralor Flores, en compañía de funcionarios de la Contraloría, llegó a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, lo que motivó la suspensión de la diligencia y la apertura de una investigación penal para esclarecer el incidente.
A raíz de las actuaciones del contralor Flores, la Asamblea Nacional decidió darle la palabra para que explicara su actuación, pero, a pesar de que se le había concedido una cortesía de sala, nunca apareció.
Previamente, la coalición Vamos había presentado al Pleno de la Asamblea una propuesta para citar al contralor Flores, pero la misma fue rechazada con una votación de 12 votos a favor, 40 en contra y 1 abstención.
En noviembre de 2025, Flores ordenó el secuestro de ocho cuentas bancarias, vehículos, cuentas por cobrar y bienes inmuebles ligados al exvicepresidente de la República, pertenecientes a Carrizo, luego de que un informe de auditoría reveló un posible enriquecimiento injustificado durante su gestión como vicepresidente (2019-2024).
El 28 de enero de 2026, una juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención domiciliaria de Carrizo, tras imputarle cargos por el delito de enriquecimiento injustificado.
La defensa de Carrizo presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra la actuación de la juez, alegando que la misma no tenía competencia para conocer su caso, ya que el exvicepresidente es miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Sin embargo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso, por lo que tanto la imputación, como las medidas cautelares aplicadas por la juez de garantías, se mantienen.
