El presidente José Raúl Mulino valoraría el asilo solicitado por el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, a Bolivia.
“Si hay asilo habrá una decisión que valorar y tomar con la Cancillería panameña y si no, pues no”, puntualizó el mandatario en su conferencia de prensa de este jueves 22 de mayo, al ser consultado si el gobierno panameño le otorgaría un salvoconducto a Méndez, en caso de que Bolivia apruebe el asilo.
Méndez, secretario general del Suntracs, ingresó a la sede de la embajada diplomática en la madrugada del miércoles 21 de mayo, tras saltar la cerca perimetral del recinto, con el propósito de solicitar asilo político.
Mientras el gobierno boliviano evalúa la petición, la embajada le ha concedido a Méndez una protección temporal, como establece el protocolo diplomático en estos casos.
De igual forma, Méndez fue vinculado a la investigación penal que enfrenta uno de los dirigentes del sindicato, Jaime Caballero.
Según la Fiscalía, Caballero, recibió múltiples transferencias desde las cuentas del sindicato en el Banco Nacional —autorizadas por Saúl Méndez y Abdiel Bethancourt— que luego depositó en su cuenta personal del Banco General y fraccionó para entregarlas a terceros.
Dichos fondos, corresponderían a las cuotas sindicales de los trabajadores.
El mandatario también se refirió a la situación judicial que involucra a miembros de la junta directiva del Suntracs, enfatizando que las acciones legales en curso no son responsabilidad del Ejecutivo, sino del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
“Yo no puedo responder por diligencias de investigación. Mi gobierno, a través de sus distintas instancias, ha presentado cerca de 300 denuncias por hechos ocurridos en la administración pasada”, señaló Mulino, al ser consultado sobre las recientes órdenes de aprehensión contra miembros de la junta directiva del Suntracs y allanamientos de las instalaciones de dicho sindicato.
El mandatario recalcó que estas investigaciones “aunque parezcan coyunturales, son acciones legales que vienen de muchos años”.
Mulino insistió en que no tiene la potestad de intervenir en los procesos judiciales: “Yo no investigo a nadie ni mando a arrestar a nadie. Esa potestad no la tiene el presidente de la República”.
El jefe del Ejecutivo también subrayó que corresponde al Ministerio Público ofrecer explicaciones sobre el avance de las investigaciones y las medidas adoptadas. “Le toca a ellos explicar, creo que lo debieran explicar”, puntualizó.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, las órdenes de aprehensión son por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
El comunicado señala también que la investigación, dirigida por el fiscal Gilberto Arona Cárdenas, data del año 2022, luego de una querella interpuesta por extrabajadores de un proyecto de construcción ubicado en la isla de Bastimentos, provincia de Bocas del Toro, quienes se encontraban afiliados al Suntracs.
