Una demanda de inconstitucionalidad y un amparo de garantías constitucionales fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia por la exdirectora ejecutiva institucional de la Presidencia de la República, Nadia del Río, contra una serie de resoluciones de la Contraloría General de la República y del Registro Público en las que se aplican medidas cautelares contra algunos de sus bienes.
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta contra la Resolución 3126-2026, de 23 de septiembre de 2025, expedida por la Contraloría, mediante la cual se dio apertura a un proceso de investigación.
Mientras que el amparo de garantías constitucionales ataca la orden verbal impartida por la Dirección General del Registro Público, mediante la cual se aplican medidas cautelares sobre bienes de la exfuncionaria.
La demanda de inconstitucionalidad quedó en manos del magistrado Carlos Villalobos, mientras que el amparo de garantías constitucionales fue asignado al despacho del magistrado Olmedo Arrocha.
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Del Río por presunto enriquecimiento injustificado, pero de este caso no se conocen los avances realizados por los fiscales.
Del Río se quejó a través de sus redes sociales de haber conocido las acciones de la Contraloría por terceras personas.
Hace poco, en sus redes sociales, cuestionó acciones relacionadas con un apartamento adquirido en 2005. Del Río afirmó haber conocido, a través de terceros y publicaciones en redes sociales, que la Contraloría habría remitido al Registro Público medidas cautelares sobre el inmueble, pese a que —según sostiene— no ha mediado notificación formal ni proceso legal comunicado oficialmente a su defensa.
