El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales negó el beneficio de fianza para evitar la detención de Ronny Rodríguez, exmiembro del Consejo de Seguridad Nacional, investigado por los delitos de interceptaciones telefónicas ilegales y contra la administración pública, cometidos durante el periodo gubernamental 2009-2014.
En el edicto No. 71, con fecha del 29 de julio pasado, se informa de la decisión asumida por la jueza Águeda Rentería de no acoger la petición presentada por Rodríguez para que se le concediera una fianza.
Rodríguez está llamado a juicio dentro del proceso por las presuntas escuchas telefónicas ilegales cometidas entre 2009 y 2014. Se encuentra prófugo desde el año 2015, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia giró órdenes de indagatoria en su contra. Desde entonces, su paradero es desconocido, aunque en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) constan órdenes de detención emitidas por el extinto Juzgado Decimosexto Penal.
En este caso, cabe recordar que un testigo protegido del Ministerio Público declaró que desde el Consejo de Seguridad Nacional se interceptaron comunicaciones de más de 150 personas, y señaló como responsables a los exdirectores del Consejo, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.
Ambos fueron condenados a 50 meses de prisión por el Juzgado Decimosexto Penal, fallo que fue confirmado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El testigo también afirmó que Rodríguez y William Pittí, otro funcionario del Consejo de Seguridad y también prófugo, eran los encargados del equipo “Pegasus”, adquirido a la empresa israelí NSO Group e instalado en las oficinas del Consejo de Seguridad Nacional. Desde allí se realizaban escuchas a dirigentes políticos, gremiales e incluso magistrados de la Corte Suprema. El testigo añadió que ambos recibieron entrenamiento especializado y redactaban los reportes sobre la información obtenida.
El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) también fue investigado por este caso, pero fue declarado no culpable por un tribunal de juicio. Inicialmente, su proceso fue tramitado en la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero, tras renunciar a ese cargo, su causa fue remitida a la justicia ordinaria. La investigación reveló que, desde el Consejo de Seguridad Nacional, operaba un sistema de interceptaciones telefónicas contra opositores políticos, dirigentes sindicales y gremiales.
Esta es la segunda ocasión en que el Juzgado Primero Liquidador rechaza una solicitud de fianza presentada por la defensa de Rodríguez. En mayo pasado, el juzgado ya había rechazado una primera solicitud de fianza presentada por Rodríguez y Pittí para evitar ser detenidos por este caso.
