El Órgano Judicial puso en funcionamiento el primer juzgado de ejecución de pensión alimenticia de niñez y adolescencia, que tiene entre sus facultades dictar secuestros especiales contra bienes de las personas que incumplen con el pago de las pensiones.
El primer juzgado de este tipo en todo el país fue puesto en funcionamiento en el cuarto distrito judicial, que abarca las provincias de Herrera y Los Santos. En estos casos el juez tendrá amplia facultad para admitir o no el secuestro, dependiendo de la información suministrada por la declaración jurada entregada por el denunciante.
Así, el juez definirá a quién o quiénes se le entregarán directamente los bienes secuestrados, nombrar al administrador, en los casos que se requiera, y devolver el bien a la persona demandada en el caso que corresponda.
Entre las disposiciones contenidas en la Ley 45 de 2016, que reformó la Ley General de Pensión Alimenticia, se establece además, que el juez podrá secuestrar bienes que cubran el monto de lo adeudado.
En estos casos la Ley 45 de 2016 permite el recurso de apelación contra la decisión asumida por el juez.
Trascendió que este nuevo despacho judicial puesto en funcionamiento la semana pasada en el Cuarto Distrito Judicial, ya mantiene 121 carpetillas en trámite.
En este sentido, la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, detalló que este juzgado está diseñado para garantizar que se promueva una paternidad y maternidad responsable, ofreciendo las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, que son fundamentales para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas, quienes son titulares y sujetos de derechos, merecedores de protección y cuidados especiales debido a su condición de vulnerabilidad.
La magistrada López Arias detalló que con la inauguración de este primer Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia −que estará a cargo de Digna Rodríguez−no solo se abren las puertas de un despacho judicial más, sino que se reafirma el compromiso con la justicia social y la protección integral de la niñez y adolescencia.
