La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial, Luzmila Jaramillo Fuentes, le imputó cargos a los 83 trabajadores del Suntracs que fueron detenidos en los disturbios del pasado miércoles 12 de febrero en las inmediaciones de la avenida Balboa.
En el segundo día de la audiencia, la jueza dio por presentada la formal imputación de cargos por la presunta comisión de los delitos contra los servidores públicos, contra la seguridad colectiva, contra el patrimonio económico (daños), contra la libertad individual y contra la vida e integridad personal (lesiones personales), adelantó el Órgano Judicial.
Se informó que se decretó un receso hasta mañana domingo a las 9:30 a.m. para empezar con la fase de aplicación de medidas cautelares.
El Ministerio Público (MP) había solicitado imputaciones de estos cargos contra los 83 trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), detenidos tras los enfrentamientos registrados el miércoles en la construcción del nuevo Hospital del Niño.
El viernes 14 de febrero, el MP legalizó la aprehensión de los obreros, a lo que la defensa presentó una solicitud de reconsideración. Sin embargo, el tribunal rechazó el recurso, argumentando que no existían fundamentos sólidos que lo justificaran.
Durante la mañana de este sábado, las partes expusieron sus argumentos en relación con la aprehensión de los obreros. No obstante, se decidió mantener la medida.
Entre las pruebas presentadas por la fiscalía figuran informes del Instituto de Medicina Legal, testimonios de las presuntas víctimas, así como reportes del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional sobre los hechos ocurridos.
Entretanto, dirigentes del Suntracs y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) han reiterado que las detenciones forman parte de una “persecución sindical” y han solicitado la intervención de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En la misiva, enviada a Gilbert Houngbo, director general de la OIT, el sindicato acusa al gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) de haber utilizado entidades estatales, como el Consejo de Seguridad, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, entre otros, para ejecutar una “conspiración política” en su contra.
Según la denuncia, estas acciones incluyeron la apertura de investigaciones penales, el cierre de cuentas bancarias del sindicato y su cooperativa de ahorro y crédito, además de la divulgación de información confidencial con señalamientos de terrorismo y lavado de dinero, sin que existieran cargos formales en su contra.
Con la llegada del gobierno de José Raúl Mulino, el sindicato sostiene que la situación ha empeorado. Aseguran que, a pesar de un sobreseimiento penal y un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre la violación de su libertad sindical, sus cuentas en la Caja de Ahorros siguen cerradas.
Además, reiteran que el gobierno ordenó el congelamiento indefinido de sus cuentas en el Banco Nacional y el cierre de la cuenta de su cooperativa, situación que fue dada a conocer por el presidente Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
Asimismo, denuncian la orden gubernamental de suspender el uso de fondos del Seguro Educativo para todos los sindicatos del país y la intención de auditar sus finanzas, a pesar de que, según ellos, no manejan recursos públicos.
