El largo proceso judicial contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Samuel Benjamín Buitrago Comrie, llegó a su etapa final. La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de ocho años de prisión que le fue impuesta por el delito de peculado agravado.
El fin de la vía legal
Mediante el Edicto No. 18, publicado el 27 de febrero de 2026, la Sala Penal notificó su decisión de rechazar por improcedente, una solicitud de aclaración presentada por la defensa de Buitrago.
Con esta resolución, el tribunal mantiene en firme la Sentencia n.°19 del 3 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, la cual denegó el recurso de casación y ratificó la pena de cárcel.
El fallo lleva la firma de las magistradas Ariadne Maribel García Angulo, María Eugenia López Arias y Otilda V. de Valderrama.
El caso es de 2011
La trama judicial que llevó a esta condena se originó en 2011, cuando auditorías internas y de la Contraloría detectaron irregularidades por 155 mil dólares en el programa de Auxilio Económico Complementario.
Las investigaciones determinaron que el exdirector autorizó desembolsos para becas de postgrado a beneficiarios que no cumplían con los requisitos legales mínimos, existiendo expedientes con documentación incompleta o inexistente.
Durante la fase de indagatoria en 2012, Buitrago admitió haber firmado los pagos de los 16 casos específicos que centraron la acusación, aunque sostuvo que los auxilios económicos se ajustaban a la normativa de la institución.
No obstante, la antigua Fiscalía Tercera Anticorrupción logró acreditar que el manejo de estos fondos públicos constituyó una modalidad de peculado agravado.
La evolución del proceso
El caso, que inicialmente involucró a 32 personas, pasó por un complejo filtro judicial. En la audiencia preliminar celebrada ante el Juzgado Sexto Penal, el Ministerio Público logró que se llamara a juicio para 15 de los acusados, mientras que para el resto se dictó sobreseimiento.
Finalmente, la responsabilidad penal recayó sobre el exdirector como principal autor de las firmas que facilitaron el desvío de los recursos.
En la cúpula del PRD
Buitrago fue director del Ifarhu en la administración 2004-2009, cuando Martín Torrijos, entonces una figura influyente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) gobernaba el país.
De hecho Buitrago fue miembro del poderoso Comité Ejecutivo Nacional de esa agrupación política, instancia que en la actualidad tiene como máximas autoridades a Balbina Herrera, secretaria general; y al diputado bocatoreño Benicio Robinson, presidente.
La condena de Buitrago se ratifica en un momento donde la gestión de los auxilios económicos vuelve a estar en el centro del debate público. Otro miembro del PRD y exdirector de la institución, Bernardo Meneses, también es objeto de investigaciones por el manejo de estos fondos durante el periodo 2019-2024.
Las denuncias contra Meneses se centran en el otorgamiento discrecional de cuantiosos auxilios y becas a familiares de políticos y allegados al partido, un patrón que evoca las irregularidades por las que hoy Buitrago enfrenta su sentencia.
Otro detalle de interés es que tanto Buitrago como Meneses lideraron la secretaría de la Juventud el PRD antes de ocupar el máximo cargo en el Infarhu.
