Ocho integrantes de Bagdad reciben hasta siete años de cárcel

Ocho integrantes de Bagdad reciben hasta siete años de cárcel
Los implicados fueron detenidos en la operación Seth realizada por la Fiscalía Antipandillas en el año 2022. Archivo

Condenas de seis y siete años de prisión fueron impuestas a ocho integrantes de la banda delictiva Bagdad, que mantenían el control territorial en el área de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste, por su implicación en delitos como tráfico de drogas, extorsión y robo.

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Policía Nacional y Ministerio Público aprehenden a 13 personas en la operación ‘Corintios’

El grupo criminal, desmantelado durante la operación Seth, realizada en septiembre de 2022, estaba conformado por ocho personas dedicadas a la comisión de múltiples delitos en Panamá Oeste.

Según las investigaciones del Ministerio Público, esta organización mantenía el control de las entradas y salidas de droga por el área de Puerto Caimito, además de brindar seguridad a redes dedicadas al narcotráfico.

A través de un acuerdo de pena, los ocho imputados admitieron su participación en diversos hechos delictivos. Como pena accesoria, se les impuso la suspensión del ejercicio de funciones públicas.

En febrero de 2022, otros ocho miembros de esta red criminal —pero que operaban en el área de Tocumen— fueron detenidos en el marco de la operación Corintios. Esta célula de Bagdad actuaba específicamente en los sectores de La Siesta, Buena Vista y Nuevo Tocumen, y su estructura delictiva era diversa: homicidios, extorsión, incendiarismo, microtráfico y robo agravado, entre otros.

Las pesquisas de la fiscalía revelaron que este grupo forma parte de la estructura de la pandilla Bagdad, originalmente asentada en El Chorrillo, pero que ha diversificado sus operaciones hacia Panamá Oeste y el interior del país para ampliar su radio de acción.

El 2 de marzo de 2023, Jorge Rubén Camargo Clarke fue extraditado por las autoridades costarricenses a Estados Unidos. Camargo Clarke había viajado a Costa Rica ante la presión de las autoridades panameñas, que lo requerían por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.


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