El brasileño Olivio Rodrigues Junior era un operador financiero independiente de Odebrecht. No estaba formalmente en la nómina de la constructora, pero controlaba una red de sociedades offshore utilizadas para blanquear los sobornos entregados a funcionarios y políticos de hasta 12 países, incluyendo Panamá.
Por tanto, conocía muy bien la identidad de los sobornados y quiénes eran los beneficiarios reales de las sociedades receptoras.
Su declaración (recogida en un documento de mil páginas) es una de las pruebas extraordinarias que presentó la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo y que el bloque de abogados defensores intenta, al unísono, impedir que sea admitida en el juicio por blanqueo de capitales que empezó el pasado 12 de enero, en la sala que preside la juez Baloisa Marquínez.
Olivio, el delator
Olivio Rodrigues es uno de los tres ejecutivos que, en representación de Odebrecht, acudieron a una audiencia especial el 9 de noviembre de 2017, en la sala del juez Óscar Carrasquilla, para validar sus acuerdos de colaboración eficaz con la Fiscalía Especial Anticorrupción. Los otros dos fueron André Campos Rabello y Luis Eduardo Da Rocha Soares.
En dicho acuerdo, los delatores adquirieron el compromiso de aportar información sobre sociedades, beneficiados, testaferros, montos y transacciones que realizó la constructora brasileña a cambio de contratos con el Estado panameño.
Aquel día, ante el juez Carrasquilla, Rodrigues explicó que Odebrecht mantenía “filiales” en Panamá, entre las que mencionó a Constructora Internacional del Sur y Select Engineering Inc. Calculó que a través de tres cuentas corrientes a nombre de Constructora Internacional del Sur circularon unos $39 millones en coimas.
Los pagos se realizaban a través del tristemente célebre Departamento de Operaciones Estructuradas, que en la práctica no era otra cosa que la oficina de coimas de Odebrecht.
Como parte de su acuerdo de colaboración eficaz, Rodrigues aportó información de los beneficiarios de los pagos que se hacían desde la División de Operaciones Estructuradas a cuentas bancarias de varias sociedades bajo su control: Klinfield Services Ltd., Innovation Research Engineering and Development Ltd., Select Engineering Consulting & Services, Aeon Group y Trident Inter Trading Ltd. Posteriormente, se hacían transferencias a otras sociedades, hasta que el dinero llegaba a su beneficiario final.
También explicó que la oficina utilizaba el sistema informático “Drousys”, para coordinar los pagos e inventar operaciones y contratos ficticios, para que todo pareciera real. En el sistema, los usuarios y beneficiarios se registraban con un seudónimo. El de Olivio era “Gigo”, aunque posteriormente lo cambió a “Maverick”.
Entre otras cosas, Rodrigues contó que, en el año 2010, transfirió $3.2 millones a Kadair Investment, una sociedad inscrita en Islas Vírgenes Británicas, cuyo beneficiario final resultó ser Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del presidente de aquella época Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).
El exmandatario es uno de los enjuiciados por la juez Marquínez. Sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique (que ya estuvieron presos en Nueva York por conspirar para blanquear las coimas de Odebrecht) también están imputados en esta causa, pero ellos serán procesados por la Corte Suprema de Justicia, dado que ambos son diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Abogados objetan
El pasado miércoles 21 de enero, luego de un receso de cinco días, la juez Marquínez reanudó el juicio con intención de escuchar las objeciones de los abogados defensores a las pruebas extraordinarias aportadas por la fiscal Morcillo (que, en total, representaban casi 11 mil fojas).
La primera en presentar sus objeciones fue Guillermina Mcdonald, abogada de Navin Bhatka. Alegó que no hay certeza de la autenticidad de los documentos aportados por la fiscalía.
Mcdonald también se opuso a las pruebas aportadas por Estados Unidos y que contienen las investigaciones realizadas en ese país sobre Odebrecht. El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht acordó pagar una multa de $2,000 millones por utilizar su sistema financiero para mover y blanquear las coimas.
También los abogados Rolando Rodríguez y Erasmo Muñoz, defensores de Demetrio Jimmy Papadimitriu y Jaime Lasso, respectivamente, se opusieron a la admisión de las pruebas, por motivos similares a los aducidos por McDonald.
El argumento fue replicado por Ángel Álvarez y Gustavo Pereira, quienes representan a Ricardo Martinelli y Juan Carlos Rosas, respectivamente.
El pasado viernes, el juicio se suspendió luego que Abdiel Almengor, de la firma Infante & Pérez Almillano (Ipal), no se presentó ni remitió una excusa. Ipal representa al español Jaumes Pamies Dolande, por lo que esta ausencia dejó al imputado en situación de indefensión. La juez sancionó a Almengor con una multa de $100.
Desde que inició el juicio, Marquínez ha validado tres acuerdos de pena: los de Francisco Pérez Ferreira, Juan Carlos Espinosa y Riccardo Francolini.
También la juez excluyó del proceso a Aaron Ronny Mizrachi, ya que el Primer Tribunal Superior anuló los cargos en su contra en septiembre pasado. La fiscalía apeló esa decisión, la cual todavía no ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia.
El juicio se reanuda este lunes 26 de enero, a las 8:30 a.m. Corresponde escuchar las objeciones de la fiscal Morcillo a las pruebas extraordinarias presentadas por los defensores.
Cuando concluya esta etapa, la juez debe decidir cuáles son las pruebas extraordinarias que podrán ser utilizadas en el juicio.
