Odebrecht dice no tener recursos para hacer frente al pago de la multa aplicada tras un acuerdo de pena suscrito en el año 2017 por blanqueo de capitales, luego de confesar haber repartido sobornos a políticos y funcionarios panameños.
Así lo comunicó la empresa en una audiencia de cumplimiento celebrada ayer martes, en el Primer Distrito Judicial de Panamá, ante el juez de cumplimiento James Corro, a solicitud del Ministerio Público.
Oswaldo Fernández, abogado de Odebrecht Panamá, aseguró que la empresa está anuente a pagar la multa de $220 millones consignada en el acuerdo de pena que fue avalado incluso por el extinto Juzgado Decimosegundo Penal, en el año 2017. El problema está -según Fernández- en que no tiene plata.
El abogado explicó al tribunal que, debido a los procesos judiciales que afronta, a su cliente no se le han otorgado nuevos proyectos de infraestructura públicos. Esto la ha obligado incluso a reducir su personal.
Fernández también acusó al gobierno de no pagar lo que, por contrato, les debería el Estado. Cuando reciba ese dinero presuntamente adeudado, lo usará para ponerse al día con el pago de la multa, aseguró Fernández.
El acuerdo de pena de 2017 implicaba que la empresa pagaría $220 millones en un plazo de 12 años. Es decir, que ha pasado la mitad del tiempo y apenas el Estado ha recibido cerca de una cuarta parte de ese monto.
En la audiencia de ayer martes, el juez Corro accedió a la petición presentada por la fiscal anticorrupción Anilú Batita y declaró el incumplimiento por parte de Odebrecht.
La fiscal Batista también solicitó al juez de cumplimiento la retención de créditos por proyectos realizados por Odebrecht con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Metro de Panamá, por poco más de $16 millones y $2 millones, lo que suma casi $19 millones.
Batista detalló que hasta ahora, Odebrecht ha pagado unos $60 millones del total de la multa. La empresa debe abonar $18.3 millones al año, lo que debería totalizar casi $110 millones correspondiente a los seis primeros años transcurridos hasta ahora, sin contar el recargo por morosidad de 5% que, algunos años, ha ordenado el juez.
