El juez de garantías, Roberto Agustín Cedeño De La Rosa, mantuvo el archivo de dos querellas penales que la abogada Odila Castillo presentó contra el subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, al considerar que no hay elementos que acrediten la comisión de un delito.
La decisión fue adoptada el pasado 20 de marzo, en una audiencia de revisión solicitada por Carlos Carrillo, abogado de Castillo.
El juez Cedeño consideró que las dos notas periodísticas que motivaron la querella se sustentaban en documentos, datos y elementos públicos, y no en una narración inventada o arbitraria del periodista.
Contra Rodríguez siguen su curso tres querellas adicionales promovidas por Castillo, que también habían sido archivadas en octubre pasado.
Esas tres querellas sí fueron reabiertas para permitir al Ministerio Público ampliar sus diligencias y la práctica de pruebas. La decisión fue adoptada en audiencias separadas (una por cada querella), todas celebradas el 6 de febrero pasado: dos estuvieron a cargo de la juez de garantías Diana García y una se celebró en la sala que preside el juez Edgar Naterón.
Carrillo, el abogado de Castillo, considera “contradictorio” que, con los mismos “presupuestos”, un juez decida una cosa y otro, otra. Alega que el juez Cedeño falló, “sin motivar su decisión”.
“Independiente de la contradicción, esperamos que prontamente se efectúe la imputación contra el señor Rodríguez por las aseveraciones falsas hechas contra nuestra representada, en un contexto de agresión por su vulnerabilidad como mujer y apartándose de principios lo que obligo a la licenciada Castillo a tener que pedir la protección judicial y exigir responsabilidades”, sostiene Carrillo, ante una consulta de La Prensa sobre este caso.
El abogado defensor protestó por el titular de esta nota, “pero entendemos los intereses correspondientes”.
Las cinco querellas de Castillo contra el subdirector asociado de La Prensa habían sido archivadas provisionalmente el 31 de octubre de 2025. Tres de ellas, por orden de la fiscal Lorena Quirós de Pérez, y dos por la fiscal Verónica Checa, al considerar que no existían elementos suficientes que acreditaran la existencia de un delito. Pérez y Checa pertenecen a la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía Metropolitana.
En ese entonces, las fiscales Pérez y Checa, luego de examinar las querellas y las declaraciones aportadas por los abogados de Castillo, concluyeron que los hechos expuestos por Rodríguez en sus publicaciones no constituyen violencia de género ni se derivan de su condición de mujer, y que el contenido de las notas forma parte del ejercicio legítimo del periodismo y de la libertad de expresión.
La decisión de las fiscales de cerrar los expedientes fue rechazada por la querellante, quien solicitó su revisión, razón por la cual se celebraron las audiencias ante los jueces de garantías. Carrillo alegó que la investigación de la fiscalía estaba incompleta porque no se había practicado un análisis del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y que únicamente existía un informe de la Unidad Especializada de Atención a la Víctima y Testigos (Upavit), además de algunos testimonios.
Castillo fue asesora del excontralor Gerardo Solís (2020-2025) y acusa a Rodríguez de los delitos de calumnia, injuria, lesiones psicológicas, violencia psicológica, violencia de género, delito contra la propiedad intelectual y contra la seguridad informática, entre otros.
La abogada alegó ser objeto de una campaña de desprestigio, que su firma había perdido clientes, que sus ingresos disminuyeron y que sufría de insomnio, acoso y ansiedad, todo debido a una serie de publicaciones de Rodríguez en las que se exponía su incremento patrimonial, sus vínculos con funcionarios de la Contraloría y su relación con varios contratistas del Estado, para quienes negoció millonarias adendas en sus contratos, invocando el principio de equilibrio contractual.
Las cinco querellas se tramitan de forma separada, pese a que la defensa solicitó la acumulación de las carpetas, dado que todas las publicaciones forman parte de la misma investigación periodística. No obstante, la contraparte insistió en que cada nota representaba un hecho independiente. Por esa razón, se observan decisiones contradictorias: dos querellas se mantienen archivadas y tres no.
Hay una sexta querella, esta vez contra el periodista Richard Barrera, por una nota en Mi Diario, también sobre las actividades de Castillo en su etapa como asesora del contralor de la República. Esa querella, también archivada el año pasado, ahora fue reabierta por el juez Naterón.
La exfuncionaria se querelló contra Rodríguez, específicamente por la publicación de las notas tituladas La fascinante historia de la exfuncionaria millonaria (publicada el 24 de septiembre de 2024), Castillo, un despegue meteórico desde el servicio público (publicada en prensa.com con el título Odila Castillo, historia de convenientes fidelidades y de lucrativos negocios, el 30 de septiembre de 2024), El secreto de Odila Castillo: su lista de clientes fue revelada (el 31 de octubre de 2024) y FBI alertó de posible caso de corrupción ligado a Odila Castillo (el 13 de noviembre de 2024) y Odila Castillo era funcionaria de la Contraloría mientras su bufete solicitaba los equilibrios para sus clientes (el 19 de noviembre de 2024).
