Un total de 28 de los 51 imputados por los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, detenidos durante la Operación Fisher, han alcanzado acuerdos de pena.
Fuentes ligadas al proceso revelaron que muchos de los imputados han optado por estos acuerdos con el fin de obtener sentencias reducidas ante una eventual condena dictada por el tribunal.
En el juicio, que se reanuda este lunes 9 de junio, está prevista la evacuación de 600 pruebas documentales y 100 testimoniales presentadas por los abogados defensores.
Por su parte, a la Fiscalía de Drogas le fueron admitidas 240 pruebas documentales, 13 periciales y cinco evidencias materiales, que serán evacuadas en el juicio fijado para el 26 de mayo de 2025.
En este caso, la fiscalía logró incautar 10 millones de dólares, encontrados en una residencia ubicada en el área de la Costa Abajo, provincia de Colón. Según las investigaciones, este dinero pertenecía a miembros del Clan del Golfo, quienes lo mantenían oculto ante la ofensiva desplegada por Colombia contra esa organización criminal.
Las autoridades identificaron a Jorge Luis General como el presunto cabecilla de la red. Según las pesquisas, era el encargado de la logística para el trasiego de drogas y dinero. Además, era propietario de la empresa Magna Pesca, utilizada para justificar el movimiento de fondos provenientes del narcotráfico. De acuerdo con el Registro Público, esta compañía tiene como presidente al propio Jorge Luis General.
En su residencia se encontraron 44 mil dólares en efectivo, mientras que cuatro embarcaciones vinculadas a él, valoradas en 400 mil dólares, también fueron decomisadas. Las autoridades sostienen que estas eran utilizadas para movilizar drogas y dinero.
La red criminal usaba residencias en la comunidad de Nueva Providencia, Colón, colindantes con el mar, como centros de recepción de droga y dinero. En una de estas casas se hallaron tres escondites (caletos) con más de 10 millones de dólares. Las otras residencias, también vinculadas al tráfico de drogas, fueron encontradas vacías.
Las investigaciones también revelaron que el grupo contaba con un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ubicar con precisión los cargamentos. Además, los integrantes cambiaban frecuentemente los chips de sus teléfonos y usaban sistemas de encriptación para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.
El juicio comenzó el 26 de mayo, pero la ausencia de algunos imputados y la designación de nuevos abogados defensores obligaron al tribunal a suspender la audiencia, que será reanudada este lunes 9 de junio.
Se prevé que otros imputados puedan alcanzar acuerdos de pena antes de que concluya el juicio.
