Mientras el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la detención preventiva de Abraham Rico Pineda, imputado por blanqueo de capitales en la operación Jericó, el colombiano Juan Pablo Morales Gaviria también fue detenido, señalado como operador logístico de esa red criminal.
En una audiencia celebrada este miércoles, el Tribunal decidió mantener la medida cautelar contra Rico Pineda al considerar que existe riesgo de fuga y que se le vincula con un delito grave. Este caso también salpica a su padre, el diputado Raúl Pineda.
Por otro lado, en otra audiencia, el colombiano Juan Pablo Morales Gaviria —prófugo desde 2023— fue detenido por cargos de conspiración para la introducción de drogas.
La fiscalía lo vincula con operaciones logísticas de droga y nexos con jefes de red capturados en Colombia.
El cerco sobre los responsables de la red criminal desmantelada en la operación Jericó sigue cerrándose. Este miércoles 7 de mayo, la juez de garantías Irene Cedeño ordenó la detención provisional de Juan Pablo Morales Gaviria, un ciudadano colombiano que figura entre los presuntos coordinadores logísticos de la organización investigada por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
La aprehensión de Morales Gaviria, ocurrida el martes de madrugada en el corregimiento de Betania, se produjo después de más de un año prófugo. Fue detenido cuando transitaba en un vehículo con vidrios polarizados, pese a tener activa una orden de captura desde 2023. En la audiencia, la Fiscalía de Drogas argumentó que representa un riesgo para la sociedad, señalando su papel clave en la introducción de más de 600 kilos de cocaína en el país.

La droga habría sido movilizada desde el Darién, con apoyo de oficiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), y luego ocultada en un taller de Juan Díaz, propiedad de Edgar Ocigian, ya condenado por pandillerismo. Según la fiscalía, Morales Gaviria sostenía reuniones estratégicas con otros jefes de la red —incluido Jorge Néstor Sánchez, detenido en Colombia— en el apartamento 38B del PH Green Garden, en Santa María.
Las interceptaciones telefónicas revelaron, además, comunicación directa con Francisco Serrano, otro supuesto cabecilla, en operaciones que involucraban vehículos con compartimentos ocultos y funcionarios públicos presuntamente corrompidos para facilitar los traslados.
La operación Jericó: una red de alto nivel
Esta captura se enmarca en la operación Jericó, iniciada el 30 de junio de 2023 y considerada una de las investigaciones más complejas en materia de crimen organizado en Panamá. Según el Ministerio Público, esta red transnacional movilizaba cargamentos de cocaína, lavaba capitales y tejía alianzas con sectores del poder político, empresarial y de seguridad del país.

La investigación, que ya acumula 40 tomos, 1,666 interceptaciones telefónicas y 153 diligencias de vigilancia, ha derivado en la detención de 35 personas, entre ellas Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda. Sobre el diputado, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se le investigue por presunto blanqueo de capitales, una decisión aún en análisis por el magistrado Olmedo Arrocha.
Las evidencias entregadas por la fiscalía apuntan a posibles conexiones entre las operaciones financieras de la red y estructuras políticas en Panamá. Aunque la Corte aún no se ha pronunciado formalmente sobre la admisión o no del proceso contra el diputado Pineda, la presión pública y mediática sobre este caso sigue en aumento.
Jericó también ha puesto en evidencia cómo sectores de las fuerzas de seguridad panameñas —como Senafront— habrían sido infiltrados para proteger cargamentos y facilitar su tránsito por el país, especialmente desde áreas como Darién, Chepo y Juan Díaz, hasta llegar a escondites urbanos en Ciudad de Panamá.
Prófugo y reincidente
Según la fiscalía, Morales Gaviria salió de Panamá hacia Colombia cinco días después de los primeros allanamientos y arrestos masivos en 2023. A pesar de las alertas, volvió a ingresar al país este año, lo que permitió su reciente captura.
Durante la audiencia celebrada en Plaza Ágora, se legalizó su aprehensión, se imputaron cargos y se decretó su detención preventiva por su papel en la coordinación operativa de la red. Las autoridades insisten en que siguen abiertas varias líneas de investigación, incluyendo los nexos entre Morales Gaviria y redes de protección institucional aún no desmanteladas.


